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Del modelo clásico de la administración pública a la nueva gerencia pública iconito Autor: Francisco Javier Flores Gómez
Junio de 2018


A partir de la década de 1990, el concepto y el estudio de la Administración Pública ha sufrido profundas transformaciones, innovándose con nuevas categorías y nuevas denominaciones como las de: políticas públicas, gestión pública y gerencia pública. Todo ello ha sido consecuencia de las reformas que ha sufrido el Estado y que han tenido efectos en el aparato administrativo gubernamental a través de la modernización administrativa. En la búsqueda de nuevas formas para dar mayor eficiencia y eficacia a la gestión de lo público, se ha modificado el estudio en el campo disciplinario de la administración pública.


Para las ciencias que estudian al gobierno y en el corazón de la preocupación ciudadana, se ha vuelto prioritario el problema de la capacidad y eficacia de los gobiernos, es decir: ¿Qué tan bien gobiernan a sus sociedades? ¿Poseen los gobiernos la capacidad de conducir a sus países o comunidades hacia el desarrollo y la prosperidad? ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible que los gobiernos estén en aptitud de gobernar? Las preguntas son muchas, pero todas reflejan dudas sobre la capacidad de las administraciones para desempeñar, de manera adecuada, un gobierno democrático.

El modelo weberiano de la administración pública clásica entró en crisis a partir de la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo por los bajos niveles de eficacia y los altos márgenes de discrecionalidad, opacidad y corrupción. De esta manera, el Estado se convirtió en una estructura obesa, caracterizada por la ineficiencia con la que respondía a las demandas de la sociedad. Así que aquella visión de la administración pública, cuyo nacimiento se ubica a finales del siglo XIX y principios del XX, comienza a ver su gran declive en la década de 1970.

Es entonces cuando una serie de reformas implementadas por países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, marcan el inicio de lo que ha sido llamada la nueva gerencia pública.

Es en este punto donde la modernización administrativa cobra sentido y se comienzan a favorecer nuevas técnicas, las cuales, serán útiles en la medida en que estén encaminadas a equilibrar el cumplimiento de tres objetivos: eficiencia, eficacia y legitimidad.

La nueva gerencia pública hace hincapié en la necesidad de mejorar al sector público, no sólo modernizándolo desde el punto de vista tecnológico sino optimizando sus procesos y prácticas para que responda realmente a las necesidades de sus clientes: los ciudadanos, sin distingo de posturas políticas.

Tal enfoque se caracteriza por afirmar que el manejo de los recursos públicos debe obedecer a criterios como capacidades gerenciales, competencia de las agencias públicas en mercados, sistemas de salarios que logren relacionar el pago del funcionario con el logro de resultados, así como esquemas para la medición del desempeño. Es así que el espíritu de la nueva gestión pública apunta a que el sector público puede poner en marcha prácticas gerenciales del sector privado para mejorar su desempeño, a pesar de las diferencias que guarda con este último.

Comparación entre la vieja Administración Pública y la Nueva Gerencia Pública

Comparación entre la vieja Administración Pública y la Nueva Gerencia Pública * Fuente: Denhardt, J. V. y Denhardt, R. B. (2003): The New Public Service: Serving, not Steering. Armonk: M. E. Sharpe.

El enfoque de la Nueva Gestión Pública radica en el óptimo desempeño del sector público, con resultados eficientes, eficaces y de calidad en el servicio público; en el reemplazo de las estructuras; con mayor efectividad a un menor costo y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de los organismos centrales de gobierno para que sean más flexibles.

Así, los principales postulados de la Nueva Gestión Pública son:

  1. Descentralización y especialización. A esto se le denomina “disgregación del sector público” y permite reducir el tamaño de las organizaciones. Este instrumento es responsable de la política de privatización y el contracting out o contratación externa de servicios. De este modo, el sector público no produce directamente bienes y servicios, sino que garantiza la provisión de los mismos a través del sector privado, el cual se muestra más eficiente respecto de los procesos productivos. La descentralización permite dotar a las organizaciones de poderes de decisión en el ámbito de su especialidad, de modo que se evita la lentitud e ineficacia burocrática y además implica una reducción del tamaño de las mismas, lo que las hace más asequibles y más eficaces; ya que su cercanía a los ciudadanos hace que sean más sensibles a las necesidades de estos y les atiendan más adecuadamente.
  2. Desregulación de amplios sectores de actividad. Esto implica la introducción de las reglas de la competencia o bien, organizar la producción a través de concursos competitivos y liberalizar los mercados, de modo que las organizaciones compitan entre sí para captar recursos y clientes.
  3. Jerarquías aplanadas. Se trata de acercar los organismos a los lugares donde se producen los problemas, de modo que se suavicen las dificultades de organización que se originan en la macro dimensión. Esto permite minimizar los retrasos tanto en el conocimiento de las necesidades de los administrados, como en la solución de los problemas y la adopción de las políticas correspondientes. Así se agiliza todo el proceso y se evitan todos los “ruidos“ internos y la información se articula de forma reticular y se desarrolla la correspondiente asignación de responsabilidades.
  4. Desburocratización y ruptura del monolitismo. Se crean pequeñas unidades especializadas e independientes que disponen de una organización interna propia, y están vinculadas a las estructuras centrales mediante contratos presididos por criterios de racionalidad económica.
  5. Desmantelamiento de la estructura estatutaria. Esta estructura dificulta la competencia, es demasiado rígida por lo que dificulta la innovación, potencia escasamente la motivación del personal y presenta un exceso de solidaridad corporativa. Al desmantelarla, se dota al personal de una mayor movilidad, lo cual permite optimizar los recursos humanos. Además, se introducen mecanismos de incentivo que se basan en la valoración individual de cada trabajador. Por último, implica operar cambios en la gestión de recursos humanos en un intento por mejorar la adecuación entre el trabajador y el puesto de trabajo.
  6. Orientación al cliente. El ciudadano es considerado como un cliente que demanda bienes y servicios que son facilitados, aunque de un modo indirecto, por el sector público. La actividad pública se orienta hacia los resultados, el output y los procedimientos de control están orientados a satisfacer al cliente. Este último ejerce un control sobre la unidad administrativa en tanto que su relación con ella repercute en la financiación de los servicios públicos, ya que el sector público trata de lograr que el cliente ejerza su poder de compra sin estar conminado al pago de los impuestos; sin embargo, esto sólo es así cuando se trata de bienes que son susceptibles de intercambio en el mercado. El cliente, por su parte, reclama calidad; de modo que se plantea la posibilidad de que este y la administración intercambien puntos de vista o expectativas mutuas.
  7. Incorporación de las técnicas de evaluación como norma. Esto se logra mediante la incorporación de indicadores adecuados, lo que permite conocer el grado en el que se han alcanzado los objetivos propuestos y así orientar la acción pública hacia la maximización del bienestar colectivo. Se trata de compatibilizar la economía con la eficacia y la eficiencia.
  8. Cambios en la cultura organizativa y en la cultura de los empleados públicos. La Administración trata de ofrecer un servicio de calidad y para ello, la nueva gerencia pública pretende mejorar la prestación formal y el grado de respuesta y atención o cobertura de las necesidades de los ciudadanos. Para alcanzar este objetivo, es necesaria la modificación de la estructura de la Administración Pública, de modo que se creen distintas unidades; unas encargadas de funciones de control y garantía, otras encargadas de la prestación de servicios en el interior de la administración, otras que ofrezcan servicios a los clientes, etc. Para realizar estas modificaciones, es necesario incorporar nuevas técnicas y conocimientos, además de articular el trabajo de cada unidad como un proceso de producción y no como un proceso administrativo.

Los ciudadanos, que ahora actúan como clientes o usuarios, demandan al sector público un número creciente y diversificado de bienes y servicios. La Administración se hace cargo de aquellos que, por su carácter no lucrativo, no son atendidos por el sector privado y compite con este por la producción y provisión de otros, por ello, es necesario que aplique procedimientos propios del sector privado, que permitan a la Administración aumentar su productividad, calidad y eficacia.

Para concluir, es importante reconocer la necesidad por parte de la sociedad de participar constructivamente en el mejoramiento del Estado. Si bien, internamente, hay que revisar la estructura y procesos, no es menos cierto que los “clientes” deben ejercer presión para acelerar las transformaciones. Sólo en la medida de una responsabilidad compartida, contaremos con una administración publica orientada a los ciudadanos y, por ende, estaremos más cerca de un país como el que merecemos.

Bibliografia:
  • Aguilar Villanueva, L. (2007). Aporte de las Políticas Públicas y la Nueva Gestión Pública a la Gobernanza. CLAD Reforma y Democracia No 39.
  • Aguilar Villanueva, L. (2006). Gobernanza y gestión pública. México: Fondo de Cultura Económica.
  • Cabrero Mendoza, E. (2004). Del Administrador al Gerente Público. México: IIAPEM
  • GAEBLER, Ted y OSBORNE, David (1994). La reinvención del gobierno: La influencia del espíritu empresarial en el sector público. Barcelona, Ediciones Paidós.
  • Pardo, M. d. (1995). La Modernización Administrativa en México. México: El Colegio de México.
  • Sánchez, José (2001), La administración pública como ciencia. Su objeto y su estudio, México: Plaza y Valdés.

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