• 01 800-286-84-64 (222) 409-05-87

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • youtube
  • Linkedin
El acceso a la información pública: ¿Qué es  y por qué es esencial para la democracia?

iconito Autor: Francisco Javier Flores Gómez
Septiembre de 2018


Desde el inicio de la sociedad se ha sabido que centralizar y controlar la información, confiere poder sobre el resto de la comunidad. Así, en las comunidades primitivas, la información era un bien reservado a unos pocos, ya sea que tratara sobre cuestiones económicas, religiosas o políticas.


En la actualidad, nadie puede negar que la información es un bien valioso al que incluso se le pone precio. Empresas, consultoras y partidos políticos, entre otros, pagan fortunas por conocer los hábitos, aversiones y preferencias de sus potenciales clientes o electores. De este modo, quien posea más y mejor información y tenga las herramientas para interpretarla, tendrá más poder.

Sin embargo, la información también resulta valiosa para el ciudadano quien en un sistema democrático, tiene derecho a acceder a la información que se encuentre en manos estatales, pues le permitirá participar activamente de los asuntos públicos, juzgar correctamente la actuación de sus representantes y, eventualmente, fijar responsabilidades si existieran perjuicios. Con esta idea se ha empezado a reconocer en las últimas décadas que el acceso a la información pública es un derecho en poder de los ciudadanos, y así ha quedado plasmado en convenciones internacionales y en las normas internas de muchos países, entre ellos el nuestro.

El derecho de acceso a la información pública es la facultad que tiene todo ciudadano, como consecuencia del sistema democrático de gobierno, de acceder a todo tipo de informaciones en poder tanto de entidades públicas como de personas privadas que ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado, con la consecuente obligación estatal de instrumentar un sistema administrativo que facilite a cualquiera la identificación y el acceso a la información solicitada.

En ese sentido, el acceso a la información pública representa un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información y datos en manos del Estado, porque les permite participar en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado, transparentando la gestión pública. Además, el ejercicio de este derecho fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y, por ende, la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a éstas.

Todo sistema político que se jacte de ser democrático exige, para ser tal, la transparencia de sus actos de gobierno, por lo tanto, el derecho de acceso a la información pública es una consecuencia del sistema democrático de gobierno y es por ello un derecho político donde el legitimado para hacer valer este derecho es: el sujeto político, el ciudadano.

En este contexto, el acceso a la información cobra una nueva dimensión porque, además de ser un derecho de los ciudadanos, fortalece directamente a los gobiernos democráticos, que cuentan con un poderoso mecanismo de autocorrección y aprendizaje, en la medida que faciliten la interacción de los ciudadanos con el gobierno y la administración pública.

Relacionando entonces este derecho como inherente de los gobiernos democráticos, podríamos decir que el acceso a la información pública es un elemento clave de la gestión pública y de todos los elementos que componen el concepto de gobernabilidad democrática, entendida ésta como “la capacidad de las instituciones políticas para procesar las demandas sociales y los conflictos en forma pacífica, que sea además plenamente respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos”. Así se ha entendido en diferentes países del mundo y principalmente en América Latina y el Caribe en los cuales la “ola democrática” de las últimas décadas, ha venido acompañada de un creciente interés por reconocer el derecho al acceso a la información, a través de numerosas leyes.

En el plano de la gestión pública, el acceso a la información y la transparencia permiten la interacción de los ciudadanos con la administración pública, lo cual crea un escenario en el que es posible la evaluación de las políticas públicas y la mejora permanente de las mismas. Además de ello, al contar con ciudadanos adecuadamente informados, los costos de transacción entre los actores públicos y sociales se reducen, se asignan adecuadamente los recursos públicos y, por ende, hay mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos. El derecho al acceso a la información pública posibilita el ejercicio de otros derechos, pues responde de manera efectiva a la necesidad de obtener beneficios específicos del acceso a la información general, así como también la demanda de mejorar la calidad de la información que ofrecen las instituciones.

En ese sentido, un reto actual para efectivizar este derecho es transformar la información pública y convertirla en un elemento verdaderamente útil para los ciudadanos. Para ello son indispensables nuevas estrategias que permitan ir, más allá de los cambios legislativos, hacia políticas públicas activas que permitan atender a los ciudadanos de forma focalizada y en función de sus reales necesidades y requerimientos.

El acceso a la información tiene implicancias importantes en la administración pública que van más allá de ser un elemento importante para la lucha contra la corrupción, como tradicionalmente es enfocado. Mejora la participación ciudadana, fortalece la legitimidad de las instituciones y de los actores públicos, facilita los flujos financieros y económicos, así como optimiza la atención de los servicios públicos en sectores como la educación, finanzas, industrias extractivas, seguridad ciudadana, entre otros.

Fuentes:

AGUILAR, J. A. (2008). Transparencia y Democracia: Claves para un concierto. Instituto Federal de Acceso a la Información. México DF.

BASTERRA, I. (2006). El derecho fundamental de acceso a la información pública, LexisNexis, Buenos Aires.

VILLANUEVA, E. (2003), Derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica, UNAM, México DF.

VILLAFAÑE, J. (2006) “La información pública en América. Acceso y normativa requerida”, Revista del Foro, nro. 2 (Colegio de Abogados de Lima). Lima.

Si quieres profundizar más sobre este y otros temas, especialízate en políticas públicas con las maestrías en línea de IEXE. Para obtener más información regístrate en el siguiente formulario:
-

Suscríbete para recibir las entradas nuevas en tu correo