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iconito Autor: Francisco Javier Flores Gómez
19 de diciembre de 2017


Cataluña no alcanzará la máxima plenitud cultural, social ni económica; mientras forme parte de España. Por lo menos, esto es lo que el movimiento independentista Catalán señala.

Cataluña, una de las regiones más ricas de España, está viviendo unos de los momentos más complejos de su historia, pues algunas voces opinan que la región está transfiriendo un exceso de su recaudación fiscal a las regiones más pobres del resto del país; recursos que, de permanecer en la región, otorgarían a su ciudadanía un mayor grado de prosperidad.

Sin embargo, esta controversia no es nueva. El independentismo defiende la tesis de que Cataluña es una nación oprimida por España desde su ocupación por las tropas borbónicas en 1714; y su historia, cultura y lengua propia han mantenido vivos los sentimientos nacionalistas y populistas, los cuales han impulsado la idea de que Cataluña se constituya como un nuevo Estado.

En este contexto, y tras cinco años reclamando un plebiscito, el gobierno regional de Cataluña convocó y realizó un referéndum de independencia, a pesar de la oposición del ejecutivo español, que consideró inconstitucional la consulta, creando una de las mayores crisis políticas del país, en décadas.

Los resultados del referéndum (que fue tachado por el Gobierno Español de ilegal y antidemocrático) arrojaron una rotunda victoria del 'sí' a la independencia con el 90.2% del voto válido a favor; por sólo el 7.8% del 'no' y un 1.98% de votos en blanco. Sin embargo, cabe señalar que sólo se contó con la participación del 43.03% del universo electoral que podía participar en la votación.

Sin embargo, el movimiento independentista transcurre en un escenario caracterizado por un gobierno central que no reacciona a nada y, por supuesto, la falta de políticas públicas incluyentes que promuevan la participación de la sociedad catalana. Un caldo de cultivo perfecto para que prospere: la crisis económica; la movilización masiva en busca del cambio y la instrumentalización del proceso constituyente. El Gobierno Español ha promovido la creación de políticas centralistas como las reformas laborales, de gobierno y fiscales regresivas; además de recortes al gasto público social; evidenciando así la nula voluntad del Estado por hallar una solución política y democrática a las dificultades históricas de pertenencia no únicamente de Cataluña, sino de las diferentes regiones que conforman la nación española. El inicio de las soluciones de los problemas públicos está en la inclusión de la sociedad en la búsqueda de ellas. El Gobierno debe promover políticas públicas más plurales, que generen diálogo entre las partes, que defiendan el derecho a decidir como característica intrínseca de la democracia y que permitan crear un sentido de pertenencia dentro del sistema político español, donde se preserven las particularidades, rasgos de la sociedad y elementos culturales de las diferentes comunidades autónomas en las que se organiza el Estado Español.

Por su parte, los líderes del movimiento independentista catalán han adoptado una postura desafiante al pronunciarse dispuestos a enfrentarse a la democracia constitucional, persistiendo en una actitud de desbordamiento y desobediencia del ordenamiento jurídico, comportamiento claramente antidemocrático. Dicha actitud no la comparten algunos sectores de la sociedad catalana, en particular las clases populares y trabajadoras, quienes padecieron con mayor intensidad la reducción salarial, el aumento de la precariedad, el alza del desempleo y la reducción de las transferencias y servicios públicos del Estado, consecuencias de la crisis económica que ha padecido la sociedad catalana y el Estado Español.

Estos factores tuvieron un impacto devastador en el bienestar de las clases populares de Cataluña, y cabe recordar que las políticas que impulsaron el desarrollo de estos componentes negativos fueron aprobadas por los mismos líderes que hoy se ciñen en el pecho la bandera independentista, siendo esta la principal causa del escepticismo que grandes sectores de las clases populares tienen hacia el argumento de que la independencia resolverá la gran crisis.

Las clases populares no son independentistas y este es el mayor punto flaco del movimiento, los líderes de la causa deben enfocarse en ser un movimiento auténticamente popular, que canalice la protesta social mediante políticas que aumenten su pluralidad con el fin de fortalecer su representatividad. El movimiento independentista catalán debe preponderar el crear políticas públicas que incentiven la movilización entre los grandes sectores de las clases populares, políticas que propicien una alianza de fuerzas políticas con un claro y único compromiso: la resolución de la crisis social, económica y política que padece España desde hace años. Dos escenarios resolutivos se vislumbran, uno que pertenece al siglo XX: que considera el uso de la fuerza; la intervención policial y/o militar, la suspensión de la autonomía por tiempo indefinido y la centralización de las competencias; y otro del siglo XXI: que prepondera el uso del diálogo en su expresión máxima; abrir un proceso mucho más incluyente y complejo (como podría ser un referéndum constitucional), y quizá abrir la posibilidad de crear un estado federal o un estado libre asociado.

Teniendo en consideración que el uso de la fuerza puede tener consecuencias muy serias como disturbios e, incluso, resistencia armada, y que históricamente ha demostrado no haber solucionado gran cosa, como lo expuso el Franquismo 80 años atrás. Sólo queda optar por la solución que Reino Unido o Canadá adoptaron, y que les permitió liberar la presión que amenazaba a sus sistemas políticos: El acuerdo. Cualquier otro escenario, no ofrecería una solución completa ni real al conflicto.

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