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La política antitabaco: un debate entre la polémica y la salud pública

La política antitabaco

iconito Autor: Gabriel Roberto Fuentes Castillo
31 de mayo del 2017

El tabaquismo es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial que, además de la pérdida de vidas humanas, cobra factura importante a los sistemas de salud y seguridad social de las economías del globo.

Desde 1978, la Organización Mundial de la Salud –OMS- conmemora el Día Mundial Sin Tabaco cada 31 de mayo, como recordatorio de la lucha permanente que tiene la Organización; los Estados Miembros y los servicios sanitarios del mundo, contra el tabaquismo.


Padecimientos cardiacos; enfermedad pulmonar obstructiva –EPOC-; diversos tipos de cáncer y otras enfermedades atribuibles al consumo de productos de tabaco, son responsables, a nivel mundial, de 6 millones de muertes cada año, de las cuales 5 millones están ligadas a fumadores y 600 mil a personas expuestas a humo ajeno -fumadores pasivos- (OMS, 2017).


En México, la última Encuesta Nacional de Adicciones 2011 –ENA- señala que existen 17.3 millones de fumadores activos, es decir, el 12.6 por ciento de las mujeres y el 31.4 por ciento de los hombres mexicanos. 9.8 por ciento del total lo representan adolescentes fumadores -1.7 millones-. Asimismo, se calcula que la adicción al tabaco cobra la vida de aproximadamente 43 mil 246 personas, cada año, en el país (Pichón-Riviere et. al, 2013).

Gráfica de tabaco

Fuente: elaboración propia con datos de la ENA 2011 y Pichón-Riviere et al, 2013)


El anterior panorama refleja una realidad. El tabaquismo es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial que, además de la pérdida de vidas humanas, cobra factura importante a los sistemas de salud y seguridad social de las economías del globo.


El estudio titulado The Economics of tabacco and tabacco control del National Cancer Institute de los Estados Unidos (2016), estima que el impacto económico del tabaquismo cuesta más de 1 billón de dólares anuales en gastos de atención sanitaria y pérdida de productividad. En nuestro país, se calcula que el costo asciende a 61 mil 252 millones de pesos, lo que representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto y el 11 por ciento de lo que México gasta en salud anualmente (Pichón-Riviere et. al, 2013).


Aunque la lucha ha sido emprendida, toda cruzada tiene sus propios obstáculos. Las políticas públicas y el entramado legal establecido para el control del tabaquismo ha originado diversos debates entre la población asidua a los productos de tabaco: fumadores vs no fumadores, fumadores vs leyes restrictivas, fumadores con derechos limitados vs gobierno.


Los puntos de vista, como en todo tema envuelto en polémica, son variados. Algunos consumidores se han sentido agredidos o discriminados por leyes y políticas que limitan sus derechos de compra y consumo; otros, han tomado conciencia de los daños a la salud propia y a la de los demás; ciertas personas han ido más allá declarando sentirse invadidas en su individualidad, gustos y hábitos personales.


El debate no sólo es social, también alcanza la esfera privada y los intereses económicos. La industria tabacalera, afectada por estas políticas, ha sido obligado a entablar un diálogo frontal con el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, o a valerse de estrategias como cabildeo, difusión de estudios “científicos” patrocinados por ella, bloqueo de procesos legislativos, entre otras medidas (Guerrero y Madrazo, 2013) para incidir en las políticas públicas.


“Algunos consumidores se han sentido agredidos o discriminados por leyes y políticas que limitan sus derechos de compra y consumo; otros han ido más allá declarando sentirse invadidos en su individualidad, gustos y hábitos personales.”


En el año 2010, Phillip Morris International, una de las empresas tabacaleras más importantes del mundo –con centro de operaciones en Lausana, Suiza-, demandó al gobierno de Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –Ciadi- , del Banco Mundial; alegando que el país sudamericano había violado un tratado bilateral con Suiza… ¿Qué sucedió?

  • Las razones: en marzo de 2009, el gobierno uruguayo estableció una regulación para que el 80 por ciento de la superficie de las cajetillas de cigarros fueran cubiertas con imágenes gráficas que reflejaran los efectos de fumar en la salud. La compañía manifestó que la nueva ley limitaba el espacio para el establecimiento de la marca, lo que infringía sus derechos de propiedad intelectual.
  • Las demandas de la parte acusadora: 25 millones de dólares como compensación.
  • El resultado: después de un largo juicio de seis años, en julio de 2016, el Ciadi falló a favor de Uruguay, obligando a Phillips Morris pagar un laudo de siete millones de dólares para cubrir gastos de los demandados y del tribunal. La demanda no procedió.

El gobierno uruguayo declaró que el fallo del Ciadi constituía un importante precedente para los países que luchan contra las presiones de la industria tabacalera, así como aquellos que centran esfuerzos en la implementación de una política pública antitabaco.


Pero, ¿De dónde se origina esta política? ¿Tiene efectos reales sobre el consumo? ¿Cuáles son las opiniones que la han hecho objeto de debate?


En 2008, México aprobó la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), la cual fue motivada por la firma del Convenio Marco para el Control del Tabaco –CMCT– por parte del gobierno. El CMCT es un tratado, establecido por la OMS, que tiene como objetivo la preservación de la salud a través de medidas relacionadas con  la regulación de la publicidad, el empaquetado y otros asuntos  relativos con la compra, venta y consumo de productos de tabaco.


El CMCT y la OMS son los principales promotores de políticas como el incremento de impuestos a los productos de tabaco; incentivar la creación de espacios libres de humo y la disuasión del consumo a través del diseño de empaques neutros, que han dividido la opinión de la sociedad y la industria. De hecho, la política mexicana antitabaco, desde la aprobación de la LGCT, se ha delineado en las tres vertientes mencionadas:


Por un lado, los impuestos al tabaco han sido desestimados por las voces que señalan la demanda inelástica del producto, es decir, que su cantidad de demanda es poco sensible a los cambios de precio, por lo que el objetivo de disminuir su compra no se consigue.


Sin embargo, la OMS (2014) la considera como la medida más eficaz. Estima que aumentar los impuestos del tabaco para incrementar su precio en 10 por ciento, reduce el consumo en un promedio de cuatro por ciento, en países de ingresos altos, y hasta cinco por ciento en países de ingresos bajos y medianos. Asimismo, la iniciativa tiene resultados positivos en segmentos de población que disponen de poco dinero para su compra, como los jóvenes.


Por otro lado, los ambientes 100 por ciento libres de humo son confundidos con “espacios libres de fumadores”, lo que lleva a desvirtuar la política como discriminatoria y de segregación. Sin embargo, se centra en proteger a los no fumadores, una población ajena pero expuesta a las consecuencias del tabaquismo.


Por último, el empaquetado neutro es quizá la política más discutida, debido al uso de imágenes que han incomodado a propios y extraños. Su objetivo es evidente, disminuir la demanda del producto, concientizando sobre las consecuencias de fumar.


Aunque la LGCT retoma en principio al Convenio Marco, la política del empaquetado neutro en nuestro país, no se ha apegado totalmente a sus principios. Si bien, las cajetillas presentan las imágenes mencionadas, aun se destinan espacios para colocar colores y logotipos relacionados a marcas.


El empaquetado neutro exige diseñar cajetillas con tipografías y colores estandarizados, fotografías y alertas sobre el consumo de tabaco, tal como ocurre en Australia, Francia y Reino Unido. Esta medida, sin duda, representa otro fuerte revés a la industria tabacalera y se espera que en los próximos años  nuevas naciones se sumen a la campaña liderada por la OMS.


La polémica en torno a las políticas antitabaco puede ser tan extensa como fumadores e intereses económicos existan. Fumar es sólo una de las diversas formas en la que las personas pueden afectar su salud a costa de preservar un gusto que, en ocasiones, se torna culposo o complejo. Será siempre una actividad en la que el sentenciado tendrá la libertad de elegir su propia penitencia.


Para algunos, fumar proporciona relajación, sirve como un medio para socializar o matar el tiempo. Otros fuman por el adictivo sabor del tabaco. Algunos más, porque les significa apoyo emocional, les “da valor”, estatus o por mero hábito. Estas razones tienen efectos temporales, pero todos sabemos que fumar trae consecuencias permanentes. Por ende, debe prevalecer la reflexión individual.


Es importante recordar que la salud para el ser humano es un bien intangible, no renovable, superior a toda polémica. Por ello, en este y otros debates debe ponerse sobre la mesa como el principal de los argumentos. Las políticas públicas al respecto deben ser diseñadas en función de esta premisa.



Referencias

  1. Guerrero, A. y Madrazo, A. (2013). Estrategias de la industria tabacalera en México, para interferir en las políticas de control del tabaco. En L.M. Reynales et al. (Eds.), Política pública para el control del tabaco en México. Vol.1. México, D.F.: Instituto Nacional de Salud Pública.
  2. Pichón-Riviere, A. et al. (2013). Carga de enfermedad atribuible al tabaquismo en México. Documento Técnico N° 10. Buenos Aires: Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS). Recuperado de: http://media.controltabaco.mx/content/2013/Tabaquismo_en_M%C3%A9xico.pdf
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