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Las consecuencias de la reimplantación de la pena de muerte en el sistema penal mexicano

iconito Autor: Oscar Sarmiento
Noviembre de 2018

México ha registrado en 2017 y 2018 los años más violentos de su historia moderna (México Evalúa, 2018), lo cual ha provocado el resurgimiento de las voces que se pronuncian en favor de la pena de muerte y puesto el tema de nueva cuenta en el debate público.

A pesar de que la pena de muerte es aplicada con la intención de disminuir el problema de la criminalidad, así como para dar castigo a los delincuentes; hay que mencionar que es una medida de extrema crueldad, superviviente desde la época de la venganza pública del derecho penal.

El sistema penal mexicano, en las últimas décadas, ha sido puesto en evidencia, su ineficacia para atender el problema de la criminalidad ha sido notable: la delincuencia aumenta, el índice de homicidios sigue creciendo, generando enfado, inseguridad, desconfianza e impotencia en los ciudadanos, quienes cada vez exigen penas más severas.

Para el derecho penal el bien jurídico tutelado más importante es la vida, esto quiere decir que esta constituye un valor supremo y, en consecuencia, debe existir la plena convicción por parte del Estado de la abstención absoluta de dar muerte a un ser humano bajo cualquier circunstancia.

En el ámbito internacional y de acuerdo con Amnistía Internacional (2018), en 2017 se efectuaron por diversos Estados 993 ejecuciones oficiales, en las cuales los medios empleados para su ejecución fueron: la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y la muerte por arma de fuego.

En México, la pena de muerte ha tenido vigencia desde la época prehispánica, siguiendo esta tendencia durante la época colonial, donde era aplicada por las autoridades virreinales e instituciones como la inquisición. Esta se prolongó de manera innecesaria durante gran parte de la vida independiente, siendo contemplada de manera temporal en la Constitución de 1857 y posteriormente de forma permanente en la de 1917 (Santos, 2009).

A pesar de encontrarse vigente en la Constitución, durante la segunda mitad del siglo XX México fue un país abolicionista de facto de la pena de muerte, es decir, que no se practicó durante este periodo; en ese mismo sentido, la presión ejercida en el ámbito internacional contra los gobiernos mexicanos en turno, hizo que se siguiera esta tendencia, por lo que en 2005 se eliminó su aplicación de la constitución, a través de la modificación de los artículos 14 y 22 (Santos, 2009). El artículo 22, antes de la reforma, contemplaba la pena de muerte para el traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.

A pesar de la reinserción del debate en la agenda pública, hay que considerar que la reimplantación de la pena de muerte conlleva más problemas de los que pretende resolver, entre ellos se encuentra su posible aplicación en inocentes. Lamentablemente no son poco comunes los casos de personas que se encuentran cumpliendo una sentencia por un delito del cual son inocentes, lo que les causa una afectación irreparable. Bajo esta misma tesitura, resulta alarmante imaginar qué es lo que sucedería si en vez de una pena de prisión se les hubiese impuesto la pena capital, la cual una vez aplicada, no admite recurso alguno para revertir el daño.

En un país tan desigual como el nuestro, existen personas que pueden costearse una defensa legal óptima, por otro lado, personas que debido a su condición de vulnerabilidad no cuentan con esta posibilidad y por consiguiente con una asesoría efectiva, lo cual es un factor que puede trascender al momento de aplicarles esta pena.

Otro aspecto a considerar es la gran diversidad de criterios que pueden adoptar los jueces para analizar los delitos; es decir, habrá jueces más benevolentes y otros que apliquen de forma estricta esta pena, por tanto puede darse el supuesto en que dos procesados por circunstancias iguales lleguen a recibir una pena distinta.

El argumento que más esgrimen quienes están a favor de esta pena, es que resulta útil para disminuir la actividad criminal; sin embargo, dicha afirmación se hace sin evidencia o sustento alguno. En este punto resulta conveniente revisar qué es lo que acontece en países donde se mantiene vigente la pena de muerte dentro de su legislación penal; el ejemplo más cercano, tanto geográficamente como en la forma de gobierno, es la democracia de los Estados Unidos. Según un estudio hecho por la ONG Death Penalty Information Center (2016), los estados de dicho país con mayor incidencia delictiva son aquellos en los que es aplicable la pena de muerte, demostrando así que no existe una relación causal entre ésta y la disminución de la delincuencia.

Finalmente, se debe entender que el derecho penal actual es una disciplina jurídica moderna basada en la razón y con estricto apego a los derechos humanos, la cual busca prevenir el delito, reparar el daño causado y readaptar al delincuente para reinsertarlo en la sociedad; es por ello que la venganza nunca debe formar parte de institución penal alguna.

Referencias:

Amnistía Internacional, (12, 04, 2018). La Pena de Muerte en 2017: datos y cifras [Comunicado de prensa] Recuperado de www.amnesty.org

Death Penalty Information Center. (2016). Deterrence: States Without the Death Penalty Have Had Consistently Lower Murder Rates, Recuperado de deathpenaltyinfo.org

México Evalúa, (24, 08, 2018). Nuevo récord de homicidios en México: julio de 2018 [Entrada de blog] Recuperado de www.mexicoevalua.org

Santos, V.G. (2009) La Pena de Muerte en el Mundo, México y los instrumentos multilaterales por su abolición, Centro de Documentación, Información y Análisis, Recuperado de www.diputados.gob.mx

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