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Políticas públicas y género: luchas y realidades

iconito Autor: Mónica Palma Rivera
Julio de 2018


Algunos antecedentes

Todo comienza en el siglo XVII cuando a la par de la redacción de la Carta de los Derechos del Hombre, como el primer documento que fundamenta los derechos humanos en la historia moderna, Olympe de Gouges hacía lo mismo con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), reivindicando a la mujer como sujeta de derechos. No hace falta decir que Olympe sería llevada a la guillotina por subversiva.

Como ella, numerosos fueron los señalamientos que hicieron personajes e intelectuales de la época respecto a las desigualdades entre hombres y mujeres, no sólo en la vida política, sino en la vida social, cultural y económica. A pesar de que muchas de estas observaciones se comenzaron a evidenciar desde poco antes de la ilustración, es un hecho que el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres prevalece en la actualidad.

Aquellos primeros aportes del feminismo ilustrado sentarían las bases de la lucha feminista moderna. En este sentido, el feminismo debe ser entendido entonces como la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, a partir del reconocimiento de sus diferencias y como un ejercicio de poder equilibrado en su forma de relacionarse.

El contexto internacional

La lucha feminista se vio fortalecida y enriquecida a nivel internacional durante la década de los 60, cuando alrededor del mundo nacían nuevos movimientos sociales en contra de cosas como: el racismo, la contaminación desmedida del medio ambiente y, por supuesto, la subordinación de las mujeres. Con base en el pensamiento e ideología planteada en la ilustración, nace a nivel mundial el Movimiento Feminista1, que toma la forma de los problemas, contextos y particularidades de cada país.

La etapa que siguió a la segunda guerra mundial, había visibilizado la importancia de la mujer en el desarrollo de las naciones, por lo que se comenzaron a realizar los primeros cambios a favor del bienestar de las mujeres.

Ya durante los 70, la Organización de las Naciones Unidas creó organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer e incorporó el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres a su agenda. En forma similar y paulatina, lo hicieron otros como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, etc.

En México…

Algunas de las primeras acciones destinadas al bienestar de las mujeres ocurrieron en la década de los 30, con la promulgación de la Ley de Población, que pretendía disminuir la morbilidad y mortalidad infantil y materna (Riquer en Tepichin, 2010). En ese sentido, las políticas públicas a favor de la mujer hasta antes de los 60, estarían sustentadas en estereotipos del papel de la mujer en la sociedad como “dadora” de vida, ama de casa, madre y “cuidadora natural” de los niños (Tepichin, 2010, 2013).

La directriz que guiaba las políticas públicas a favor de la mujer se centraba en la búsqueda de espacios, a través de los cuales, fuera posible que abonaran al bienestar comunitario y familiar en: jardines de niños, desayunadores, comedores, etc.; así como programas que les dotaran de nociones en puericultura y economía doméstica (Tepichin, 2010).

Así, el papel de la mujer había sido relegado y asociado con el ámbito de lo privado o lo doméstico, mientras que la acción pública había quedado como parte del rol de los varones2. Al respecto, Tepichin(2013) menciona: “Esta exclusión del espacio público y político ha determinado el estatus ciudadano con el que, por ausencia o por la manera en que cobran presencia, las mujeres han sido consideradas en el diseño y operación de la política estatal”. De este modo, las políticas públicas se convertían en un mecanismo de la acción estatal que reproducía las desigualdades de género.

En resonancia con el contexto internacional que se había gestado a nivel mundial en los 60, y que había sentado las bases para que los estados comenzaran a impulsar esfuerzos para entender y atender el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres; en México, el Programa de Unidades Agroindustriales de la Mujer, a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria y Banrural, derivado de las modificaciones a la Ley Federal de la Reforma Agraria (1971); constituyó una acción emblemática gestada desde el estado, pues fue el primer programa dirigido a mujeres en pobreza del ámbito rural. Aunque no les otorgaba un empleo, sí se les concedían tierras para la producción agrícola (Tepichin, Tinat y Gutiérrez, 2010).

Asimismo, el punto álgido del Movimiento Feminista Mexicano tuvo lugar en la década de los 80 con importantes observaciones e impactos en la manera en que, hasta ese momento, se habían creado políticas públicas para las mujeres. En este periodo, se impulsaron numerosas iniciativas de empleo y autoempleo para mujeres, así como mayores oportunidades de educación y capacitación. Algunas de ellas:

  • Programa de Desarrollo Comunitario con la Participación de la Mujer (PINMUDE),
  • Programa de Acción para la Participación de la Mujer Campesina en la Consecución del Desarrollo Rural (PROMUDER),
  • Programa de Apoyo a los Proyectos Productivos de la Mujer Campesina (PAPPMC),
  • Programa de Mujeres en el Desarrollo Rural,
  • Programa de la Mujer Campesina,
  • Programa Mujeres Empresarias-Mujeres Productoras y
  • Programa de Promoción para el Desarrollo Económico de las Mujeres (Tepichi, 2013,).

La crisis que impactó la economía mexicana hacia finales de la década de los 80, fue otro elemento que dejó clara la relevancia y peso de la inclusión de las mujeres en la economía, pues esta fue considerada como una medida para superarla, por lo que, con mayor fuerza, se promovieron acciones, programas y políticas que garantizaran su participación como ciudadanas y trabajadoras.

La IV Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing realizada en 1995, dejó algunas reflexiones sobre las acciones que estaban siendo impulsadas desde los estados a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, ya que, si bien se había buscado establecer un acceso igualitario y de facto -principalmente en lo que refiere al ingreso-, medidas de otra naturaleza eran necesarias para garantizar una equidad, la cual toma en cuenta las diferencias y procesos que atraviesan los sexos, así como sus ámbitos de desarrollo y las estructuras (normas, instituciones, leyes) que respaldan tales escenarios.

La creación de políticas cuyo objetivo era principalmente combatir la desigualdad de las mujeres y abonar a su bienestar, no bastaba; de manera que, resultado de la conferencia, se creó la estrategia de transversalización, de la cual México tomó partido.

La transversalización consiste en:

“incorporar el género en la corriente principal de política pública y ya no solamente de manera residual a través de áreas u oficinas de la mujer (…) partiendo del supuesto de que añadir la perspectiva de género en las políticas públicas es una manera efectiva de extender la transformación del orden social de género a la familiar, la vida cotidiana, el mercado de trabajo y el quehacer del Estado” (Tepichi, 2013).

Con base en lo anterior, en el 2001 es creado el Instituto Nacional de las Mujeres, quien es el encargado de la ejecución de la estrategia de transversalización que contempla la revisión de las estructuras organizacionales, institucionales y normativas para garantizar que existen procedimientos y mecanismos a través de los cuales, las mujeres son partícipes, así como prácticas presupuestarias que atiendan a los programas y necesidades que de ellos deriven.

Reflexiones y nuevos retos

Organismos Internacionales como la CEPAL y ONU Mujeres, han dado un seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de igualdad y la perspectiva de género en las políticas públicas, a través de informes que, en ocasiones, señalan la diversificación de ámbitos y estados en los que se encuentran escenarios a dónde las acciones afirmativas no han llegado.

Aunque México tiene un importante avance en la sensibilización y capacitación de sus funcionarios públicos en los diversos organismos que componen el aparato estatal, otros temas han cuestionado la eficacia y eficiencia de la perspectiva de género; tales como la violencia y la discriminación contra las mujeres y las violaciones a sus derechos humanos, que se articulan con otros problemas y escenarios de violencia que abundan en la realidad nacional.

En ese sentido, el género en las políticas públicas apuesta no sólo por reconstruir, resignificar y transformar las relaciones entre hombres y mujeres a partir de la acción estatal, sino renovar los vínculos sociales entre la ciudadanía y sus instituciones, en aras de una democracia igualitaria, pero también, de una justicia social sustantiva.

_________________________

  • 1 Aunque el objetivo central del feminismo es la reivindicación de los derechos de la mujer, su liberación frente a la dominación masculina, así como la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a diversos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica; el movimiento dio pie a numerosas interpretaciones, por lo que devino en corrientes radicales, legalistas, entre otras. Lo cual ha generado una satanización de lo que implica el feminismo y sus expresiones.
  • 2 Tepichin (2013) señala que esta distinción ha sido cuestionada y criticada por diversas autoras, entre ellas: Mackinnon, 1995; Landes, 1996; Pateman, 1996; Walby, 1994 y Young, 1996.
Bibliografia:
  • BENAVENTE, M. y VALDÉS, A. (2014). Políticas públicas para la igualdad de género: un aporte a la autonomía de las mujeres. Libros de la CEPAL, N° 130 (LC/G.2620-P). Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
  • SERRET, E. (2008). Qué es y para qué es la perspectiva de género. Libro de texto para la asignatura: Perspectiva de género en la educación superior. Oaxaca, México: Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
  • TEPICHIN, A. (2010). Política Pública, Mujeres y Género. En Ana M. Tepichin, K. Tinat y L. Guitiérrez (Coords.), Los Grandes Problemas de México. Relaciones de género. Tomo VIII. (pp. 23-58). México, D.F.: Colegio de México.
  • México. TEPICHIN, A. (2012).Ciudadanía de las mujeres y política pública en México: una reflexión desde los estudios de género. En Juan A. Cruz y R. Vázquez (Coords.), Género, Cultura y Sociedad. (pp. 133-159). México, D.F.: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación, Editorial Fontamara.
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