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iconito Autor: Francisco Javier Flores Gómez
30 de Diciembre de 2017


Durante las últimas semanas el debate público se ha enfocado en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior la cual, el pasado 22 diciembre, fue promulgada por el ejecutivo federal a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie acerca de su constitucionalidad.

La aprobación de la ley ha desatado una ola de protestas por parte de diferentes organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, y ha generado un ambiente de descontento en gran parte de la sociedad civil.

Los impulsores de La Ley de Seguridad Interior sostienen que este ordenamiento otorga certeza jurídica a las Fuerzas Armadas; define la actuación del ejército en tareas de seguridad pública, así como las situaciones en las que puede intervenir en materia de seguridad interior. Mientras que sus detractores la reprueban, pues consideran que la ley es ambigua, lo que provoca que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria, permitiendo acciones que violenten los derechos humanos.

A continuación te presentamos los 6 puntos que más controversia han provocado, en contraste con las críticas que reciben de sus detractores.


Lo que establece la Ley Lo que dice la oposición

El Presidente de la República podrá ordenar por sí solo, o a petición de las entidades federativas (a través del Congreso o el gobierno local), la intervención de las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, para prevenir, atender y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior.

El Presidente tendrá poder discrecional para disponer de las Fuerzas Armadas cuando éste considere que se amenaza la seguridad interior. Únicamente se tendría que poner a consideración y aprobación del Consejo Nacional de Seguridad la emisión de la Declaratoria y sólo se notificará al Congreso y a la CNDH, quienes únicamente podrán emitir una opinión.

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior tendrá vigencia máxima de un año; sin embargo, las condiciones y la vigencia podrán modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior.

Existe un vacío legal sobre las condiciones por las cuales se podrá extender la vigencia de la declaratoria de protección, no se especifica qué criterios se consideran válidos para afirmar que existe amenaza a la seguridad interior.

Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo acciones permanentes para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior en determinados lugares o instalaciones estratégicas. No requerirán la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Esto puede crear un incentivo para que los Estados y municipios no se sientan obligados a mejorar sus capacidades policiales y caigan en el conformismo e inoperancia policial.

Las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia y podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que se les requiera.

Todas las instituciones estarán obligadas a dar información a las Fuerzas Armadas. Se puede incurrir en la violación del derecho a la privacidad de los ciudadanos. Por ejemplo, el INE podría entregar los datos personales que tiene registrados; o el IMSS tendría que entregar los expedientes médicos.

Los actos realizados por las autoridades deben “respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción” los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales.

Enunciar que se protegerán los derechos humanos no basta, no existen métodos de control y supervisión que aseguren que se actuará protegiendo las garantías de la ciudadanía.

La información que se genere por la aplicación de esta Ley será considerada de Seguridad Nacional.

A la información que se recopile, al quedar inscrita dentro de la Seguridad Nacional, se le dará la calidad de reservada y confidencial, por lo tanto estará restringida y no será sujeta a análisis. Esto dificultaría cualquier tipo de rendición de cuentas, tanto la social mediante las solicitudes de acceso a la información, como la de las responsabilidades de violaciones a derechos humanos y administrativos.

Quienes promovieron la ley sostienen que su aprobación, de acuerdo al panorama actual de inseguridad que se vive en el país, se justifica; pues la capacidad de las fuerzas armadas es un instrumento esencial y único que no puede dejarse de lado en la lucha contra el crimen organizado. Esta ley es un instrumento que le permite a las fuerzas armadas tomar decisiones cuando exista algún riesgo mayor o fuera de control en materia de seguridad interior, con el fin de salvaguardar la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad.

Para la oposición, la promulgación de la ley cierra un penoso ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la sociedad civil; desatendiendo el dialogo que el mismo ejecutivo federal solicitó. Además sus detractores claman que, antes de una Ley de Seguridad Interior que regule las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, se necesita avanzar en la profesionalización de las policías civiles y el fortalecimiento del Estado de Derecho como elemento fundamental para sustentar la paz y promover el desarrollo del país.

 

 

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