De cuando los malls se hicieron sobre vestigios. Políticas públicas en materia de patrimonio cultural

De cuando los malls se hicieron sobre vestigios. Políticas públicas en materia de patrimonio cultural

Serie: Modernizar la tradición (Capítulo 1)

 

Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla[1]

Aforismo popular

 

La frase que abre este artículo podría parecer más una promesa que una advertencia, si nos detenemos en numerosos escenarios históricos alrededor del globo, veremos que no solo la historia tiende a repetirse, sino incluso, a olvidarse; dejándonos en un estado de indefensión que lentamente penetra en nuestras identidades, vaciando de significado nuestros orígenes y por lo tanto, nuestra propia existencia.

En ese sentido, algo está ocurriendo en el campo de las ciencias sociales. Las categorías que durante mucho tiempo nos habían servido para explicarnos la realidad, poco a poco pierden vigencia, principalmente, porque esta cambia más rápido que el pensamiento y el ritmo con que las teorías se construyen[2].

Una de esas grandes categorías es la de ‘cultura’, que interpela numerosos significados, casi siempre distintos y que evocan diversas cosmovisiones, que hablan de dónde venimos, sobre qué creencias, valores y prácticas hemos crecido y aprendido y más aún, que nos distingue de unos y otros grupos de personas.

¿Qué tiene que ver el quehacer gubernamental con ello?

Es cierto que existen necesidades básicas inmediatas a otras, y que el Estado, en numerosas ocasiones, interviene como proveedor de esos bienes y servicios fundamentales. Pero también es cierto que la integralidad del ser humano, suele ir más allá de aquellas y que la satisfacción de un solo individuo no está en función de sí mismo, sino del entorno en el que vive y de sus condiciones[3]. Esta afirmación es trascendental para comprender la complejidad detrás de las políticas culturales o aquellas que contemplan el patrimonio cultural.

Esto último, se traduce en estructuras y medios que posibilitan el desarrollo de las personas, cuya regulación y acceso, son también parte del trabajo gubernamental mediante la creación de normas, instituciones, acciones y políticas que abonen a dicho proceso, un ejemplo concreto es la educación; pero hay otros que por su carácter abstracto e impacto poco cuantificable han sido relegados, como lo es el caso del patrimonio cultural.

Prevalecen los debates tanto en el ámbito público como en el académico, respecto a lo que significa el progreso, la modernización, la tradición y la cultura, especialmente cuando se pretenden implementar políticas públicas en lugares con enormes atributos históricos y culturales en los que el arraigo identitario local es muy fuerte.

Son parte de los argumentos en tensión, un pasado histórico de valor incalculable que se materializa en vestigios arqueológicos y expresiones artísticas frente a una visión utilitaria del territorio y la cultura para el crecimiento y desarrollo económico de las localidades.

El espacio en pugna es el mismo, los significados, valores e intereses de los actores son diversos: ¿a cuáles dar prioridad?, ¿hay unos que sean mejores que otros?, ¿de qué manera contribuir a una política que concilie ambas posturas?

¿Qué es el patrimonio cultural y qué implica modernizarlo?

Como todos los conceptos vinculados con la cultura, el patrimonio cultural, también es polisémico. No así, este puede definirse como “…un receptáculo de la memoria que encierra los valores simbólicos de la identidad cultural de los pueblos, nos ayuda a comprender a los otros y a nosotros mismos…” (Hernández, 2010). También, puede entenderse como:

[…] el conjunto de bienes culturales, materiales e inmateriales, que, sin límite de tiempo ni lugar, han ido heredados de los antecesores y se han reunido y conservado con el objeto de ser transmitidos a las generaciones futuras… con el propósito de que puedan llegar a ser un medio de comprensión de la esencia de su propia historia (Hernández, 2002, p.15-16)

Derivado de lo anterior, puede entenderse que el patrimonio arqueológico, dispuesto en zonas arqueológicas, vestigios de edificaciones ancestrales, monolitos y otros monumentos, constituyen la dimensión material del patrimonio cultural.

En México, el marco normativo en la materia es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) propuesta por Cárdenas en 1939 y publicada en 1972 (Herrera & Lizama Aranda, 2017), que aunque ha sido objeto de diversas reformas, no contempla dicha definición.

Pese a lo anterior, aquella es el instrumento en el que se encuentran establecidos los criterios y órganos públicos correspondientes responsables de su protección, tanto en su dimensión material como inmaterial y que además, resalta su importancia como un aliciente de la identidad nacional y un bien colectivo[4].

Paralelo a la comprensión del término de patrimonio cultural y su materialidad, está el término de modernización, que también se concatena con conceptos como el de progreso, modernidad, desarrollo y crecimiento. Todos ellos, aluden a un proceso de avance, de mejora o bien, de cambio significativo y positivo en un escenario que va del punto A al B.

Sin abrir un debate para analizar las diversas corrientes teóricas e imaginarios en torno a la modernización, es indiscutible que tal palabra forma parte de los discursos que caracterizan numerosos proyectos gubernamentales que buscan mejorar las condiciones de vida de la población, pues su significado, como se mencionó anteriormente, evoca un sentido de mejoría y atención a las necesidades de las personas.

Es aquí donde aparecen los grandes retos a los que se enfrenta el quehacer gubernamental en un país como el nuestro: ¿cómo conciliar visiones opuestas de un mismo territorio?, ¿a qué intereses dar preferencia?, ¿quiénes toman las decisiones?, y ¿con qué información cuentan?

Podemos aprender sobre el tema con base en escenarios en los que se puede apreciar los conceptos en la práctica, en la dinámica social real y que hacen imperativo replantearse una y otra vez, la manera y las condiciones que se requieren para implementar una política, así como los significados de las palabras inmersas en los discursos que la sostiene.

 

¿Por qué es importante repensar las políticas públicas de gestión del patrimonio cultural?

Con base en lo que se ha expuesto anteriormente, nos disponemos a ejemplificar tres escenarios en los que se hace imperativo repensar la política de protección al patrimonio cultural en aras de revalorar los sitios arqueológicos o de alto valor cultural, a la luz no solo de una necesidad económica, sino también a las condiciones de los pobladores y los atributos simbólicos inmersos en el territorio a nivel local.

Caso Calimaya: casas de recuerdos indescifrables

Fuente: Sugiura Yamamoto & Nieto Hernández (2014).

Los altos costos que tienen las excavaciones son uno de los principales problemas que obstaculizan la investigación arqueológica en diversos sitios en los que se sabe que hay vestigios. Esto ha provocado en numerosos casos, el cambio de uso de suelo para su aprovechamiento para obras de construcción o de explotación de material para el mismo fin[5].

El caso Calimaya, se trata de un sitio arqueológico de escala menor[6] en territorio del municipio con el mismo nombre en el Estado de México, en el que los trabajos hechos por el antropólogo Yoko Sugiura en el valle de Toluca[7] en 1977, evidenciaron la existencia de al menos 50 sitios arqueológicos (Sugiura Yamamoto & Nieto Hernández, 2014).

El crecimiento acelerado de los asentamientos humanos, la proliferación de conjuntos habitacionales, la desinformación y poca claridad respecto a las instituciones responsables de salvaguardar los restos arqueológicos, han provocado una destrucción gradual de las mismas, pues durante años, el sitio y el territorio no solo han sido objeto de explotación de material pétreo, sino que además, sobre esos mismos terrenos se han construido numerosos fraccionamientos, perdiéndose cualquier oportunidad de conocer a profundidad su historia.

Caso “Teotihuamart”[8]: descuentos entre las pirámides del sol y la luna

En lo que se refiere a conflictos asociados con el patrimonio cultural, el caso de la zona arqueológica de Teotihuacán es paradigmático, pues aunque la instalación de un centro comercial del corporativo Walmart a kilómetro y medio de las pirámides, generó la resistencia tanto de los habitantes de la zona como de grandes personalidades del ámbito cultural en México (ADN Político, 2013)[9], su construcción no se detuvo.

Fuente: Barstow & Xanic von Bertrab en The New York Times (2012)

Desde 1964 cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó expropiaciones y acciones de restauración y resguardo de los vestigios arqueológicos, se observó un vínculo entre los pobladores de la zona y la construcción de su identidad con un fuerte arraigo al sitio monumental, que además se enmarcan en una relación donde dichos espacios son “apropiados” por los lugareños, quienes, hasta entonces, asumían un papel como “guardianes del lugar” (Delgado, 2010).

De esta manera, echó raíces la perspectiva simbólica de la zona frente a una institucional que se manifestaba en las restricciones al libre acceso al lugar que, en otro tiempo, era parte de la cotidianidad de las comunidades cercanas.

Aunque el decreto de 1988 hecho por el INAH y la Federación para proteger la zona de las dinámicas de crecimiento urbano era claro en sus intenciones, a nivel técnico presentó vacíos y ambigüedades en sus responsables y en como dicha zona debía ser administrada y resguardada, siendo la exclusión de las comunidades como corresponsables del cuidado, una de las más graves (Delgado, 2010).

Lo anterior sirvió como terreno al conflicto que se suscitó en 2003 cuando se anunció la construcción de un Walmart en territorios de la zona arqueológica, lo que puso en tela de juicio las competencias de las autoridades involucradas y la facultad de las instituciones estatales para dirigir y hacer valer una política de resguardo al patrimonio cultural de la nación (y la humanidad), que además de efectiva, incluya a todos los actores afectados.

Caso Parque de las 7 Culturas: turismo sobre milenios de historia

En 2014 se impulsó desde el gobierno estatal de Puebla un proyecto para la construcción de un parque turístico en la Zona Arqueológica de Cholula, que al mismo tiempo se articulaba con uno más grande que implicaba la construcción de un tren que pudiera trasladar a las personas de la ciudad de Puebla hacia el antiguo centro ceremonial. Esto atraería afluencia turística a la zona, además de incentivar el crecimiento y desarrollo económico de los municipios que comparten su resguardo, San Andrés y San Pedro Cholula.

Pese a lo anterior, el proyecto se encontró con resistencias por parte de numerosos habitantes de la región, además de comerciantes y foráneos que se oponían a la transformación del paisaje, pues atribuían significados a la manera en la que estaba conformado. No obstante, también contó con el apoyo de un sector importante de la población y empresarios que resaltaron el potencial económico del proyecto.

El DECRETO por el que se declara zona de monumentos arqueológicos al área conocida como Cholula, ubicada en los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, Pue., con el perímetro y características que se señalan, emitido en 1993 por el Ejecutivo Federal prohíbe cualquier tipo de edificación en ciertos terrenos demarcados y que, por décadas, han condicionado la manera en que el espacio circundante a la pirámide, ha sido apropiado y producido por sus habitantes y transeúntes.

Fuente: Municipios (2014)

Uno de los argumentos más resonantes, fue la falta de mecanismos que permitieran a la sociedad cholulteca, participar en el proceso de toma de decisiones respecto a la implementación: ¿qué tipo de comerciantes venderían en el parque?, ¿el parque sería de acceso público y gratuito?, ¿qué modificaciones al territorio iban a implicar la construcción de la infraestructura que mostraba el plano y que estaban prohibidos por la ley?

Aunque el proyecto era ambicioso y sus objetivos atendían una necesidad latente y frecuente en la sociedad mexicana, no hubo una incorporación de la voz ciudadana, ni de los usos y costumbres del lugar, arraigados a su cultura, valores y recursos que emanan de ese mismo territorio, aunado a que tal disposición, carecía de factibilidad legal por cuanto el decreto prohibía la intervención al espacio.

¿Qué problemáticas y aprendizajes podemos identificar?

Para Hernández (2002) es importante recuperar la vocación de servicio de aquellos actores públicos que tienen la facultad de tomar decisiones y recuperar el sentido democrático que tiene la inclusión de la sociedad civil para la implementación de políticas que les atañen (porque les afectan de manera directa), pues hasta el momento, hay un fuerte sesgo sobre aquello que debe o no, ser protegido.

Así mismo, Gómez-Urquiza (1997) señala que es importante anticiparse a los cambios y transformaciones del término, pues la inclusión de más actores, y la creación de mejores medidas de participación, hará más complejo su resguardo, pero también más sustentable e igualitario.

Hasta ahora, las políticas culturales en materia de patrimonio cultural tangible e intangible tienen una orientación clara hacia el turismo, centrando la atención al visitante sobre las necesidades de las comunidades.

En ese sentido, algunas de las problemáticas latentes y frecuentes son:

  • La falta de claridad en cuanto a las instituciones responsables de salvaguardar el patrimonio y las acciones para contrarrestar su violación.
  • La falta de consenso y diálogo en cuanto a los intereses inmersos y necesidades reales de los actores involucrados en la implementación de dichas medidas.
  • La falta de información y socialización de la misma en cuanto a los saberes culturales e históricos que entrañan los territorios de nuestro país.
  • La ausencia de una política que promueva valores y mecanismos de comunicación de la cultura y la historia en el contexto globalizador.
  • La falta de una política pública que fomente la participación ciudadana en la gestión del patrimonio local.

 

Notas

[1] La autoría de dicha frase se ha perdido en el tiempo, mientras algunos se la atribuyen a Napoleón Bonaparte, los hay quienes dicen que es de Confucio, pero no es tema de esta serie de artículos, debatirlo.

[2] Esta transformación social, también deriva de los avances tecnológicos que han impactado profundamente diversos ámbitos como la industria, la comunicación y el transporte, entre otros; que desde hace poco más de dos siglos (desde finales del siglo XVIII con la Revolución Industrial) han propiciado la acelerada evolución.

[3] Existe un trasfondo histórico que data de los primeros años del siglo XX con el concepto de “la raza cósmica” de José Vasconcelos y el proyecto de Estado-Nación cardenista que sentó las bases respecto a cómo sería tratado el tema indígena por muchas décadas hasta el levantamiento zapatista en 1994.

[4] (Cámara de Diputados , 2018)

[5] Claro que se trata de una situación con orígenes multicausales y que derivan también de procesos de reforma a la ley, siendo la modificación al artículo 27 constitucional en 1992, un parteaguas para la acelerada trasformación de los usos de suelo “permitiendo en adelante la enajenación de las propiedades ejidales, acción que, a su vez, aceleró la desaparición de campos agrícolas” (Sugiura Yamamoto & Nieto Hernández, 2014, p.76).

[6] En esta clasificación se encuentran los territorios que antiguamente constituían las zonas de descanso y habitación de las culturas indígenas a diferencia de los grandes centros ceremoniales, donde se realizaban actividades comerciales y religiosas.

[7] El valle de Toluca “destaca por la mayor densidad de asentamientos prehispánicos a lo largo de milenios” (Sugiura Yamamoto & Nieto Hernández, 2014, p. 82).

[8] El título de este apartado se retomó del producto escrito por Alexander Geurds, ‘Teotihuamart’: Mexican futurities evoked by past and present power mongers, quien realiza un estudio y análisis a partir de la construcción de un Walmart en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán.

[9] Como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, el historiador Miguel León Portilla y los artistas plásticos José Luis Cuevas y Manuel Felguérez (ADN Político, 2013).

Referencias

ADN Político. (11 de enero de 2013). Walmart de Teotihuacán, historia de la polémica que revive. ADN Político. Obtenido de http://m.adnpolitico.com/gobierno/2012/12/18/el-walmart-de-teotihuacan-una-polemica-que-revive

Barstow, D., & Xanic von Bertrab, A. (17 de diciembre de 2012). How Wal-Mart Used Payoffs to Get Its Way in Mexico. The New York Times. Obtenido de https://www.nytimes.com/2012/12/18/business/walmart-bribes-teotihuacan.html

Cámara de Diputados . (16 de febrero de 2018). LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS.

Delgado, J. (septiembre de 2010). Institución y sociedad: el caso de Teotihuacán. Cultura y representaciones sociales, 5(9). Obtenido de http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/

Hernández, E. (2010). Evolución del concepto de patrimonio cultural y la parcipaciòn ciudadana. Sobre patrimonio cultural y participación ciudadana. Abya-Yala. Obtenido de https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01141657/document

Hernández, F. (2002). Orígenes del Patrimonio Cultural. El Patrimonio Cultural: la memoria recuperada. Asturias: Trea. Obtenido de https://historiaypatrimoniocultural.files.wordpress.com/2017/08/3_el-patrimonio-cultural-memoria-recuperada-francisca-hernacc81ndez.pdf

Herrera, J. I., & Lizama Aranda, L. L. (5 de septiembre de 2017). La gestión legal del patrimonio cultural en México. Hechos y Derechos. Obtenido de https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/11605/13469

Municipios. (25 de septiembre de 2014). Confirman autenticidad de planos para zona arqueológica de Cholula. Municipios. Obtenido de http://admin.municipiospuebla.mx/nota/2014-09-25/san-andr%C3%A9s-cholula/confirman-autenticidad-de-planos-para-zona-arqueol%C3%B3gica-de-0

Sugiura Yamamoto, Y., & Nieto Hernández, R. (junio de 2014). Una reflexión sobre el patrimonio arqueológico: el caso de los sitios de escala menos en el Estado de México. Anales de Antropología, 48(2), 75-95. doi:https://doi.org/10.1016/S0185-1225(14)70244-9

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Mónica Palma Rivera

Sobre la autora

Comunicóloga, maestra en Ciencias Sociales y Humanidades, sus campos de interés son los estudios culturales, los estudios subalternos y las organizaciones de la sociedad civil. Docente y escritora amateur, tiene debilidad por las antigüedades. 

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