Justicia a la mexicana: entre la venganza y el acceso a la justicia

Justicia a la mexicana: entre la venganza y el acceso a la justicia

25.08.2020

Autor
Leobardo M. Aguilar Rosales

Especialista en Derecho Penal. Actualmente es coordinador de licenciaturas en IEXE Universidad.

Justicia mexicana, cosa muy buena; pio’ no en mi casa-dijo el ganso-, en la ajena. El pueblo no era arisco…

“Me lo mataron… me lo mataron muy feo”, dijo Ana María Tadeo, madre de Manrique Tadeo; quien el pasado 9 de agosto fue linchado en San Marcos Tlacoyalco, en el municipio de Tlacotepec de Juárez, Puebla. Su vida terminó a los 38 años edad (Pérez, 2020) por un rumor, tan solo por un rumor.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, refiere que estos “son actos ilícitos, que representan una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país (…), así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas” (2019, p. 9).

El acceso y la administración de justicia son derechos humanos que garantizan a las personas la solución pacífica de sus controversias de trascendencia jurídica, a través de la intervención estatal. Se enfatiza que los derechos humanos:

son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes (CNDH, 2018).

La autotutela o autodefensa está prohibida en el artículo 17 Constitucional, al establecer que toda persona para reclamar un derecho debe realizarlo sin violencia, ya que al encontrase dentro de un Estado de derecho, tiene asegurados el acceso a la administración de justicia.

El Estado mexicano es el garante para que los órganos jurisdiccionales impartan justicia, por ello, la disposición constitucional en referencia, proscribe el ejercicio de la violencia para reclamar el derecho que ha sido violado o desconocido, y que a la letra versa:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo su resolución de manera pronta, completa imparcial.

De acuerdo con la siguiente tesis jurisprudencial, el precepto constitucional en cita alude a que se desprenden los siguientes derechos:

1) la prohibición de la autotutela o “hacerse justicia por propia mano”;

2) el derecho a la tutela jurisdiccional;

3) la abolición de costas judiciales;

4) la independencia judicial, y

5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil.

La segunda de dichas garantías puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, de acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión…” (Garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sus alcances. 2004).

Por lo anterior, el derecho del gobernado no se limita al acceso a la justicia, sino que además implica que aquella deba ser pronta, completa, expedita y gratuita, es decir, el Estado deberá salvaguardar este derecho fundamental, el cual, tiene que estar libre de todo impedimento para que cumpla con su propósito, como derecho tutelar de este derecho humano.

Los operadores del derecho consideran de manera habitual al proceso judicial como el principal medio para la solución de conflictos de naturaleza jurídica. Mediante éste, el Estado ha tratado de cumplimentar su deber de alcanzar el orden y la paz social; a pesar de sus esfuerzos para asegurar el derecho al acceso a la justicia, los usuarios de dicho sistema judicial no han obtenido respuestas satisfactorias a los conflictos planteados ante los juzgadores. No es fortuito, de acuerdo con la medición de confianza institucional realizada al público en general por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2019) que los operadores del sistema de justicia se encuentren entre los peor evaluados.

Impune significa quedar sin castigo (DRAE, 2020), que, en relación con las violaciones a los derechos humanos, comprende de acuerdo con Wilder Tayler (IIDH, 1996) los siguientes ámbitos tocantes con la ausencia de justicia:

  1. Que no se juzgue y castigue a los responsables de la comisión de un delito o de una violación de los derechos humanos, por deficiencias en el sistema judicial en materia penal.
  2. Que las víctimas, ofendidos y la sociedad no conozcan la verdad respecto a la extensión y las razones de los abusos padecidos.
  3. Que las víctimas no reciban reparación, no tan solo económica, sino que también, se beneficien con medidas de rehabilitación que les permitan sobrellevar las secuelas tanto físicas como psicológicas, derivadas por la comisión de un delito; actualmente, ¿cuántas personas, que han sido víctimas del delito de robo, abordan un transporte público sin miedo a ser atracadas?

El linchamiento o la mal denominada “justicia por propia mano” o venganza, acaece en nuestro país, por la siguientes causas —de manera enunciativa más no limitativa— por la apatía, impunidad, corrupción, ineficacia, falta de preparación, malas prácticas de los operadores de la seguridad pública y ausencia de responsabilidad por parte del gobierno en sus tres órdenes, mismas que han ocasionado el hartazgo de la población.

De acuerdo con Raúl Rodríguez Guillén “la crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social y la indignación moral; es el detonante que expresa que los límites sociales se han roto y es necesario poner coto a la corrupción e ineptitud de las autoridades, así como al abuso que cometen en contra de la sociedad”.

El buen juez por su propia casa empieza, y si es verdad que nos encontramos en un periodo de transformación desde el pasado 1 de diciembre del 2018, es momento de acatar el principio de legalidad, consistente en que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente los faculta la ley, en contraposición a la facultad de los particulares de hacer todo aquello que no les prohíbe la ley.

Referencias

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2019). Informe Especial sobre los Linchamientos en Territorio Nacional. Recuperado de https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/IE_2019-Linchamientos.pdf

Congreso de la Unión. (2009). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Porrúa.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1996). La problemática de la Impunidad y su Tratamiento en las Naciones Unidas -Notas para la Reflexión-.Revista IIDH. Recuperado de: https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1399/revista-iidh24.pdf

INEGI. (2019). Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSegPub/envipe2019_09.pdf

Pérez, F. (12 de agosto de 2020). Era trabajador de Megacable persona linchada en Puebla. El Excélsior. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/era-trabajador-de-megacable-persona-linchada-en-puebla/1399466

Real Academia Española. (2020). Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de https://www.rae.es/

Rodríguez Guillén. (2012). Crisis de autoridad y violencia social: los linchamientos en México. Polis vol.8. No.2. México. Recuperado en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332012000200003

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2004). Semanario Judicial de la Federación. Recuperado de Garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sus alcances. Tesis 1a. LIII/2004. 1 Sala de la SCJN. Recuperado de https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=181552&Clase=DetalleTesisBL

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