Todos alguna vez han escuchado o leído algo sobre el juicio de amparo, ya sea en un noticiero, periódico o alguna red social; pero dicha información se encuentra en ocasiones incompleta y resulta insuficiente para comprender su funcionamiento. La deficiente divulgación por parte de los medios de comunicación sobre el tema, así como una falta de cultura jurídica en México, ha dado lugar a la construcción de un imaginario colectivo equivocado sobre este importante medio de control constitucional.

El riesgo constante que representa la posible vulneración de los derechos humanos reconocidos en la Constitución por parte de cualquier autoridad, hace indispensable no solo para abogados, sino para cualquier ciudadano, conocer las nociones básicas sobre el juicio de amparo.

Este es un medio de defensa que tiene por objeto proteger a las personas contra los abusos de autoridad, así como de normas generales que vulneren sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esto significa que es tanto un derecho como una garantía para todos los ciudadanos y no solo para un sector específico de la sociedad (SCJN, 2014).

En este punto puede surgir la duda acerca de quiénes son las partes en el juicio de amparo, por tal motivo a continuación se explica de manera sucinta cada una de ellas.

• Quejosa/o: Es el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, el cual es afectado por un acto u omisión de la autoridad responsable o una norma general en relación a sus derechos humanos.
• Autoridad responsable: Es la parte de quien emana el acto reclamado y contra quien se demanda la protección de justicia federal en el amparo.
• Tercero interesado: Es la persona con el interés jurídico de que continúe el acto reclamado del quejoso
• Ministerio público federal: Es una institución que forma parte en todos los juicios de amparo, su función es velar por la procuración de justicia (SCJN, 2014).

Existen dos vías para la promoción del juicio de amparo, una directa y otra indirecta, dependiendo del acto reclamado y de la trascendencia que pueda tener una resolución en el juicio de origen (H. Congreso de la Unión, Ley de Amparo, 2018).

• El amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad, así como de los particulares que realicen funciones comparables a las de autoridad y normas generales que causen un perjuicio al quejoso. Quienes son competentes para resolver este tipo de asuntos son los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito. Un ejemplo de procedencia de esta vía es el siguiente:

• • Una persona solicita por escrito y de manera pacífica información sobre el manejo de los recursos públicos a un órgano de la administración pública; sin embargo, la autoridad a quien fue dirigido el escrito no atiende dicha solicitud.

En este ejemplo es evidente que se trata de una omisión por parte de la autoridad, la cual afecta el derecho de petición reconocido en el artículo 8 constitucional.

• El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, o que sin resolver en lo principal resulten trascendentales para el fallo final; quienes tienen competencia para conocer sobre esta vía son los tribunales colegiados de circuito. Un ejemplo en el que es procedente este tipo de amparo es el siguiente:

• • Durante un proceso penal, el juez mediante una resolución arbitraria no admite las pruebas ofrecidas por la defensa del procesado, dejándolo en un estado de indefensión.

En tal caso, procede el amparo directo debido a que, si bien no se trata de una sentencia definitiva, dicha resolución terminará trascendiendo de manera negativa en el fallo final del juez.

De lo expuesto hasta este punto, es claro que el juicio de amparo no puede resolver cualquier problema legal, en razón de los casos específicos de procedencia que contemplan ambas vías y a los objetivos que persigue este juicio.

Es importante mencionar que el juicio de amparo no se puede tramitar en cualquier momento, el quejoso tiene la obligación de agotar los recursos existentes en la ley que rige el acto reclamado antes de promover el amparo, a esto se le conoce como principio de definitividad del acto reclamado (H. Congreso de la Unión, CPEUM, 2018).

Al tramitar la demanda de amparo se puede solicitar al juez la suspensión del acto reclamado con la finalidad de conservar la materia del conflicto y de evitar un daño de imposible reparación (H. Congreso de la Unión, Ley de Amparo, 2018). Este puede ocurrir, por ejemplo, si el acto de autoridad consiste en una orden de aprehensión que, una vez consumada, cause lesiones físicas y psicológicas al quejoso que no  sean posibles de revertir.

Dada la naturaleza del juicio de amparo, es habitual que se otorgue la suspensión provisional y posteriormente la definitiva al quejoso; sin embargo, el hecho de que se concedan cualquiera de estas, no significa que se le haya dado la protección de la justicia federal; sino que simplemente el acto reclamado es aplazado hasta que el órgano jurisdiccional resuelva en lo principal y, en caso de que sea negada dicha protección, el acto de autoridad previamente reclamado continúe su curso normal.

En conclusión, el juicio de amparo es un medio de defensa con el que cuentan todas las personas para salvaguardar sus derechos consagrados en la Constitución contra abusos de autoridad, así como de normas y leyes que los trasgredan. Este medio de control constitucional tiene una larga historia dentro del sistema jurídico mexicano; no obstante, sigue siendo una figura jurídica de vanguardia, la cual ha servido de inspiración para diversos sistemas jurídicos internacionales. El juicio de amparo posibilita la vida democrática del país, al permitirles a los gobernados que sus asuntos sean revisados por tribunales federales y defender así sus derechos.

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