Serie: Políticas públicas y diversidad: el caso de la comunidad LGBT+

Algunos antecedentes históricos de lucha…

“¡No hay libertad política si no hay libertad sexual!” y “¡Sin libertad sexual no habrá liberación social!” fueron las consignas que inundaron las calles aledañas al Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma a finales de este mes pero de 1979 (Secretaría de Cultura, 2019).

Históricamente, las luchas políticas de unos son plataformas que coadyuvan a las de otros grupos para visibilizar y posicionar sus propias demandas. En 1978 esto fue lo que pasó en la marcha del 25 aniversario de la Revolución Cubana cuando el Frente de Liberación Homosexual de México decidió unirse al acto (Secretaría de Cultura, 2019). Su presencia en aquel evento y otros posteriores, marcaron un hito para la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ y las bases de la marcha del Orgullo que se celebra en junio.

El preámbulo: derechos y vicisitudes…

Como se sabe, las políticas públicas suponen un camino hacia la resolución de demandas y problemas públicos que se originan en la vida diaria de la población. A menudo dichos problemas se asocian con la tutela de derechos que exigen ser garantizados y promovidos para el bienestar de la ciudadanía. En este contexto ¿qué tipo de demandas y condiciones específicas tiene la comunidad LGBT+ que requieren atención especial por parte de los gobiernos? ¿cuáles son los derechos de la comunidad LGBT+ y por qué requiere de políticas públicas específicas?

La comunidad LGBT+ tiene diversas características (como cualquier persona) e integrantes que ejercen y encarnan su identidad personal, afectiva y sexual de manera distinta a la heteronormada[1]. Como colectivo, tienen en común las sanciones sociales (económicas, jurídicas y culturales) que derivan de la “desobediencia” a dicha norma.

Escenarios lamentables como los crímenes de odio; la separación de familias homoparentales; la discriminación en razón de género; homofobia, lesbofobia y transfobia en lugares públicos, espacios laborales, educativos, entre otros; son sólo algunos de los problemas (públicos) que enfrenta la comunidad… afectando no sólo sus condiciones de vida y garantía de sus derechos humanos sino, en ocasiones, su propia existencia.

El derecho a la integridad personal, el derecho al libre ejercicio y expresión de su sexualidad, el derecho a la libre determinación, los derechos civiles y políticos y otro sinfín de derechos, se ponen en riesgo cada día que una persona de la comunidad LGBT+ no es reconocida en un marco de diversidad e igualdad.

Frente aquella situación, la creación de políticas públicas que atiendan el problema de la discriminación por causas de género y preferencia sexual a la que son sometida las personas de la comunidad LGBT+ es una necesidad imperativa, que genera una ventana de oportunidad para erradicar la violencia de la que ha sido objeto en casi todas (si no es que en todas) las sociedades.

Si bien son numerosos los ámbitos y ejes desde los cuales es posible y deseable una intervención, en materia de derechos civiles y políticos, el tema más visible es el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas homoparentales. Su incorporación en la ley como una figura jurídica significa el reconocimiento de derechos por parte del Estado y la sociedad y, con ello, la posibilidad de su efectivo ejercicio, garantía, protección y promoción.

Aunque al día de hoy, hay avances importantes para la comunidad LGBT+ en materia de normatividad federal, aún existen temas pendientes y esenciales para garantizar el respeto y ejercicio pleno de sus derechos humanos, principalmente en el diseño e implementación de políticas públicas transformativas, en lugar de neutras a la identidad de género, que contribuyan a eliminar la discriminación y el acoso por identidad o expresión de género.

En artículos subsecuentes, te compartiremos más información que de cuenta del estado de las políticas públicas para la comunidad LGBT+, los avances, pendientes, así como conceptos clave que explican y fundamental su importancia.

Notas

[1] La heteronorma refiere a una serie de pautas y leyes que establecen o regulan la manera en que deben comportarse hombres y mujeres para el funcionamiento de la sociedad a través de roles y estereotipos tradicionales de género, que operan en todos los espacios de la vida privada y pública. Esta, atraviesa diversos espacios y prácticas cotidianas de las personas que van desde la expresión de su identidad de género, preferencia sexual, entre otras; hasta ámbitos como el económico, el cultural y el social.

Referencias

Pacheco, B. (6 de junio de 2012). Orgullo LGBT en la Ciudad de México: ¿Fiesta o Política? Obtenido de GLAAD: https://www.glaad.org/blog/orgullo-lgbt-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-%C2%BFfiesta-o-pol%C3%ADtica

Secretaría de Culturla. (26 de junio de 2019). Breve historia de la primera marcha LGBT+ de México. Obtenido de Blog- Secretaria de Cultura: https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/breve-historia-de-la-primera-marcha-lgbttti-de-mexico?idiom=es

Ventas, L. (12 de diciembre de 2016). 6 mujeres transgénero exitosas que rompen moldes en América Latina. (B. News, Editor) Obtenido de BBC News: https://www.bbc.com/mundo/noticias-37961614

La entrada Derechos de la comunidad LGBT+; el camino hacia una política de igualdad y diversidad se publicó primero en IEXE Universidad.

Imagina que un día, encuentras a una persona grandiosa con quien quieres compartir tu tiempo, tu espacio y tu vida. Comienzan a vivir bajo el mismo techo; se hacen de un hogar en el que se comparten gastos, problemas, preocupaciones, esperanzas y responsabilidades. Su vínculo es de lo más fuerte y cercano. Ahora imagina que lo quieren hacer legal y acuden al registro civil para casarse … y no pueden. Las y los servidores públicos les dicen que no es posible ya que la ley no lo permite.

Seguramente, si te defines como heterosexual aquel escenario no te resulta familiar. Aunque hipotético, lo descrito está fundado en situaciones reales que viven numerosas familias de la comunidad LGBT+, por no hallarse reconocidos sus derechos plenamente en las constituciones de los estados (no en todos) ni en la normativa federal correspondiente[1].

Esta problemática, como muchas otras mencionadas en el número anterior, evidencian los pendientes en materia legal y de políticas públicas para este grupo. Si bien, son numerosos los ámbitos y ejes desde los cuales es posible y deseable una intervención, en materia de derechos civiles y políticos, el tema más visible es el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas homoparentales.

Su incorporación en la ley como una figura jurídica significa el reconocimiento de derechos por parte del Estado y la sociedad y, con ello, la posibilidad de su efectivo ejercicio, garantía, protección y promoción.

Aunque al día de hoy, hay avances importantes para la comunidad LGBT+ en la normatividad federal, existen aún temas ausentes y esenciales para garantizar el respeto y ejercicio pleno de sus derechos humanos, principalmente en el diseño e implementación de políticas públicas transformativas en lugar de neutras a la identidad de género[2], que contribuyan a eliminar la discriminación y el acoso por identidad o expresión de género.

En cuanto a legislación, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) generó jurisprudencia desde 2015 que permite el matrimonio igualitario, sin embargo, la adopción para parejas del mismo sexo aún está lejos de legislarse. En 19 Estados se puede acceder al matrimonio igualitario, pero en algunos este es resultado del trabajo de la SCJN; en otros no existe una modificación al Código Civil para que se acepte la unión entre personas del mismo sexo. Un caso paradigmático que contribuyó a ello, es el de Chihuahua, pues fue el gobernador en turno quien ordenó que no se negaran las actas de matrimonio, empero en entidades como Tabasco, no hay otra manera más que la del amparo (Gómez Mena, 2021).

En cuanto al derecho de adopción en parejas homoparentales, aunque en 14 estados existe este derecho, en realidad, no se han generado los mecanismos de operación. Solo 5 parejas han podido hacerlo en los últimos cinco años (García, 2020). Esta solo está permitida en la Ciudad de México, Coahuila, Campeche, Colima, Morelos, Chihuahua, Chiapas, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Guerrero, Baja California y San Luis Potosí (García, 2020).

Estos avances en cuanto a lo normativo, aunque no es un escenario óptimo, son los primeros bloques de un largo y proceloso camino pues, como la experiencia deja ver, no basta con que esté en la ley; si no que requiere además ser traducido en políticas públicas para institucionalizar en la administración pública medidas de prevención, actuación y sanción ante la homofobia, lesbofobia, transfobia, plumofobia, bifobia; medidas en la impartición de justicia ante la discriminación en el espacio público; medidas en los sistemas de salud y de educación para hacerlos más diversos e incluyentes.

Sin duda, el trabajo realizado por CONAPRED con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en uno de sus ejes “reconoce la importancia de garantizar el respeto, la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación por medio de políticas para atenderlas con el propósito de construir un México en Paz (CONAPRED, s.f.); son un preámbulo para transversalizar la perspectiva de género en todas las instituciones públicas y privadas de nuestra sociedad.

En las siguientes entradas de esta serie, se irá profundizando más el trabajo hecho por CONAPRED dentro de la función pública, así como más rasgos del contexto en el que se mueve la comunidad LGBT+ y los retos que enfrenta en materia de políticas públicas.

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