Una de las medidas básicas para combatir el contagio de COVID-19 ha sido el uso del cubrebocas. La diseminación de información respecto a su efectividad, la hizo una de las principales medidas adoptadas en todos los países. Lo cierto es que la rápida propagación de virus y el pánico derivado de ello, en su momento, generó compras masivas de este y otros elementos para la protección, así como desabastecimiento durante periodos considerables.

Si bien, su uso es una medida sumamente efectiva que beneficia desde grandes empresas hasta pequeños comercios, como se explica en la entrada “Cubrebocas, un factor que incrementa o disminuye las ventas en los retailers (tiendas y locales comerciales)”[1], otros han sido lo efectos de su descontrolado consumo.

Impactos al medio ambiente

Anteriormente se habló de algunos de los efectos colaterales de la pandemia y de su impacto en el medio ambiente[2], siendo la dramática disminución de emisiones de CO₂ y otros contaminantes uno de los aprendizajes más latentes. No obstante, el cuidado del entorno natural aún está lejos de ser un elemento considerado como necesario y prioritario de atender. Su carácter finito está subvalorado y en consecuencia, es el último eslabón que se toma en cuenta, a la hora de emprender cualquier actividad humana.

Prueba de lo anterior son los millones de cubrebocas desechables que están llevándose a los rellenos sanitarios o que, comienzan a aparecer con frecuencia en lugares remotos como las Islas de Soko, Bósforo, Turquía o en la Costa Azul de Francia y Reino Unido[3] (Apostolou, 2020).

En un artículo publicado en la revista Environmental Science & Technology (2020), se realizó un cálculo aproximado del número de cubrebocas y guantes de látex que se usan diariamente a nivel global, de los cuales, se estimaron 129 millones de los primeros y de los segundos (Prata, Silva, Walter, Duarte, & Rocha-Santos, 2020).

Organizaciones como Greenpeace, OceansAsia y Opération Mer Propre se han dado a la tarea de evidenciar el impacto ecológico que tiene el uso desmedido de cubrebocas desechables, hechos con tela sintética de polipropileno, un derivado del petróleo o gas natural, que demoran cerca de 450 años en descomponerse (Paredes, 2020).

Personas sanas en un mundo sano

Aunado a las evidencias difundidas por ONG internacionales, otras organizaciones como la ONU, se han pronunciado a favor de crear e implementar medidas que atiendan con urgencia la contaminación por materiales desechables de protección frente al COVID-19.

Una de esas acciones, contempla la difusión de información respecto a disminuir y evitar el uso de mascarillas desechables, que significa hacer énfasis en dos medidas efectivas: por una parte, el distanciamiento social, y por otra, el uso de cubrebocas de tela, caseros, siempre cuando se sigan los lineamientos de higiene. Esto último implica, por supuesto, informar a la población de las consecuencias de usar cubrebocas desechables para el medio ambiente, así como de la efectividad de usar mascarillas de tela.

Otras autoridades en la materia como Jordi Sherman, director del Programa en Salud y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad de Yale, Estados Unidos, y el médico Ernesto Cerón que atiende el Hospital Ángeles Mocel, coinciden en recomendar a la población, el uso de cubrebocas reutilizables para evitar la propagación del virus, así como el lavado constante de manos con jabón y desinfectante, en detrimento de la utilización de guantes (Miranda, 2020).

En los próximos meses, será imperativa la participación activa de los gobiernos para intervenir, en lo que “Saulo Delfino Barboza, profesor asociado del Programa de Salud y Educación de la Universidad de Ribeirao Preto en Brasil, ha cualificado como “una cuestión de salud pública”. Según el académico, “nuestra salud depende de los recursos naturales de nuestro planeta. Los materiales de plástico de un solo uso están contaminando el aire, el agua y el suelo, por lo tanto, están también dañando nuestra salud” (Miranda, 2020).

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Experta en áreas de diseño curricular y gestión educativa. Actualmente es directora académica de IEXE Universidad.

Es un hecho que las generaciones más jóvenes nacieron inmersas en un mundo donde el uso de TIC es imprescindible para numerosos procesos e intercambios de la vida diaria, pero resulta aventurado suponer que todos y todas las niñas, niños y adolescentes poseen el mismo nivel de acceso a los dispositivos, a internet y más aún, que tienen las capacidades necesarias para aprovechar al máximo dichas herramientas.

En este complejo escenario, es de reconocer los esfuerzos del Gobierno Federal para poner en marcha el programa “Aprende en Casa II”, que contempla la transmisión de contenidos en diversos formatos, canales, dispositivos y horarios para hacer efectivo el derecho humano a la educación.

Sí, la llegada de la pandemia aceleró “la digitalización” de algunos ámbitos y actividades en los que ya era posible observar dicha tendencia. La educación en línea no es un tema novedoso y por el contrario, se ha afianzado su “futurible” crecimiento[1].

Por otro lado, la llamada “brecha digital” supone haberse reducido con el aumento de los niveles de acceso de las familias a los dispositivos y tecnologías de comunicación e información como celulares, tabletas electrónicas, computadoras y la misma televisión, así como al servicio de internet de acuerdo con los informes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 2018) y lo reportado a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2019)(INEGI, 2020).

A partir de lo anterior, se podría intuir que México cuenta, en una proporción significativa, con las condiciones para “mudar” la educación básica a la modalidad en línea. No obstante, en la práctica, otros importantes matices toman relevancia y aunque el proyecto ya inició, es necesario hacer una observación más profunda a semejante proceso.

¿Usuarios o estudiantes? La delgada línea entre el saber y el poder[2]

Pensemos en una fuente de información relativamente compleja pero identificable, de uso común aunque con características particulares, por ejemplo, un libro. Supongamos que éste recopila textos de todo tipo, de todos los estilos, para todas las edades.  Tiene como cualidad especial, una serie de índices que atienden diversos y posibles intereses de los usuarios, cuenta con diversos recursos como índices temáticos, onomásticos y de otros tipos, marcas, secciones, tablas, etc.

¿Contamos, todos y todas, niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores, jóvenes adultos, con las mismas competencias para entender su contenido cómo “navegar” en el libro y así, sacarle el mayor provecho posible? Lo mismo ocurre con internet.

Aquel, constituye un acervo infinito de saberes que no se revela a todos por igual pues, depende de las habilidades que se tengan para buscar información, discernir entre aquella que puede ser falsa de la que es fidedigna, de ir más allá de los primeros resultados que ofrecen los buscadores, así como todas posibilidades de contenidos: videos, podcast, artículos, blogs, redes sociales, etc.; sus características y criterios de calidad.

Como se puede apreciar en los datos que comparte INEGI, el grueso de la población de usuarios de internet en México se encuentra en los grupos que van de los 12-17 años, 18-24 años y 25-34 años; siendo el segundo grupos, quienes en mayor proporción emplean el internet en un 91.2 %.

Si cruzamos estas cifras con aquellos datos que nos informan para qué es más usada dicha herramienta, se tiene que, en gran medida, esta es utilizada con fines de entretenimiento; para obtener información; para comunicarse; para apoyar la educación/capacitación y para acceder a redes sociales. ¿Pero qué tipo de información? ¿comunicación de qué calidad? Si a estas interrogantes le sumamos algunas otras variables como la pobreza y la brecha digital que de ella deriva, nos percataríamos de que tenemos un pendiente que después del COVID-19 y hasta antes de él, se estaba haciendo muy evidente: la analfabetización digital.

Analfabetismo digital: tener no necesariamente es poder

Si recordamos el ejemplo del libro, ¿qué pasaría con éste en manos de una personas que no sabe leer ni escribir? A esto mismo refiere el analfabetismo digital, el cual se define como “la falta de modelos educativos para la <<educación digital>>, el desconocimiento técnico de las herramientas tecnológicas, falta de habilidades y competencias, acceso y asequibilidad a computadoras e Internet, la brecha y exclusión digital” (Pineda Gochi, 2017)[3].

Sin duda, el primer gráfico ilustra puntualmente el crecimiento de los internautas en México, que de 2015 a 2019, pasó de los 62.4 millones a los 80.6 millones, no así, prevalece en México un margen aproximado de 4.7 millones de personas que además de no saber leer ni escribir, no cuentan con los conocimientos ni competencias digitales necesarias que puedan fungir como herramientas para su desarrollo económico y social (Expansión Política, 2018).

Aunado a la situación de pobreza, que representa un obstáculo para el acceso a otros derechos, tenemos el tipo de actividades que más realizan los y las mexicanas en la web, de las cuales, según la agencia WeAreSocial destacan:

• 8 horas y 21 minutos, lo utilizan [en total] para navegar en el Internet.
• 3 horas y 25 minutos, lo utilizan en los medios sociales.
• 3 horas y 27 minutos, lo utilizan para ver contenido de TV en línea.
• 1 hora y 49 minutos, lo utilizan para escuchar música streaming.
• 1 hora y 13 minutos, lo utilizan en consolas de videojuegos (WeAreSocial, 2020).

De acuerdo con aquellos datos, a primera vista podríamos inferir que se sabe el potencial de la web para aprender y desarrollar competencias que redunden en la ampliación de nuestras capacidades como seres humanos, pero la realidad señala algo muy distinto.

La otra cara de los datos citados al inicio de este artículo es que de los “62 millones de mexicanos utilizan Internet, cifra que representa el 57% de la población, el 43% restante no lo utiliza o no tiene acceso a tal tecnología” (idc Online, 2019) (Diario de Yucatán, 2019).

El problema de la falta de acceso a las TIC, se combina con la subutilización de esta herramienta, pues en el marco del COVID-19, ha resultado conflictivo el proceso de apropiación de sus aplicaciones y posibilidades como soporte de los procesos de aprendizaje a distancia y en línea, no sólo para los millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes adultos, adultos mayores, sino también para los y las docentes (Toribio, 2020).

La gravedad de esta situación recae en aquello que Pedro Rojo del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina había señalado desde hace más de 10 años y que refiere a que “el uso de las nuevas tecnologías y de las redes de comunicación, han mostrado tener impactos positivos en la economía, además de crear espacios de expresión de la sociedad en todos los niveles, desde lo cultural hasta lo político, abriendo caminos de participación e involucramiento en la vida social de las naciones” con la única situación de colocar en desventaja a un segmento de la población, en tanto, se trata de procesos individualizados (Rojo Villada, 2003).

En este sentido, la brecha digital, junto con el analfabetismo digital, se suma al compendio de variables que obstaculizan el traslado (aunque sea momentáneo) de la educación presencial a una en línea que sea efectiva y permita que todas y todos los actores involucrados se desempeñen con destreza en el marco de la pandemia.

Así, aunque a diferencia de otros países, México no halla cancelado el ciclo escolar, sí resulta pertiente reparar en todos los matices y grietas que tiene nuestra frágil estrategia educativa, así como el impacto que tendrá en un problema que arrastra sus orígenes de una carencia que data de hace más de un siglo.

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