22/10/2026 
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¿Hasta dónde puede llegar una autoridad cuando una decisión pública afecta los derechos de una persona? La pregunta parece sencilla, aunque su respuesta atraviesa buena parte de la historia del constitucionalismo.
Ese fue el punto de partida de la master class “El poder público y sus límites: análisis práctico del control constitucional y derechos humanos”, impartida el 19 de octubre por el maestro José María Alcocer Alcocer, de Ficcionando, en un encuentro virtual organizado por IEXE Universidad.
Durante la sesión, Alcocer abordó una idea esencial para cualquier Estado constitucional: ejercer autoridad implica actuar dentro de fronteras jurídicas. La Constitución, los derechos fundamentales y los mecanismos de control funcionan como una arquitectura de contención frente a las decisiones que pueden afectar la libertad, la igualdad, la privacidad, el debido proceso o el acceso a la información.
La master class combinó fundamentos históricos y doctrinales con el análisis de casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El recorrido llevó a las personas asistentes desde las razones que justifican los límites al poder hasta las herramientas jurídicas utilizadas para evaluar una actuación de autoridad.
Guía rápida de lectura
José María Alcocer retomó ideas de pensadores como Lord Acton, Benjamin Constant y Walter Bagehot para explicar una preocupación que ha acompañado durante siglos al pensamiento político: la concentración del poder puede poner en riesgo las libertades.
De ahí surge uno de los grandes propósitos del constitucionalismo moderno: establecer contrapesos externos a quienes ejercen funciones de gobierno.
En México, esta protección encuentra uno de sus principales fundamentos en el artículo 1º constitucional, que reconoce los derechos humanos y articula principios como universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro persona.
Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales actúan como líneas que delimitan el terreno en el que puede moverse una autoridad. Una decisión administrativa, una actuación policial o una medida gubernamental requieren sustento jurídico, motivación y respeto a las garantías de las personas involucradas.
Uno de los ejes de la exposición fue la diferencia entre reglas y principios jurídicos.
Las reglas suelen conducir a una valoración directa sobre su cumplimiento. Los principios requieren un análisis más complejo cuando entran en tensión con otros derechos o intereses constitucionales.
Alcocer recurrió a la teoría de Robert Alexy para explicar los principios como mandatos de optimización. En la práctica, esto significa que ciertos conflictos constitucionales exigen valorar las circunstancias de cada caso.
Pensemos en una balanza: de un lado puede encontrarse la protección de la salud pública y, del otro, el libre desarrollo de la personalidad. En otra controversia pueden enfrentarse la seguridad nacional y el derecho de acceso a la información. La tarea jurídica consiste en determinar cuánto peso corresponde a cada principio dentro del caso concreto y si la intervención estatal está debidamente justificada.
Para estudiar este tipo de controversias, la master class profundizó en el test de proporcionalidad, una herramienta utilizada para analizar medidas que restringen derechos fundamentales.
Alcocer explicó cuatro elementos centrales:
Este método transforma una pregunta general (“¿puede hacerlo la autoridad?”) en una revisión jurídica mucho más precisa: ¿con qué finalidad actuó?, ¿la medida era adecuada?, ¿existía una alternativa menos restrictiva?, ¿el beneficio obtenido compensa la afectación causada?
La parte práctica de la sesión llevó estos conceptos a controversias que llegaron a la Suprema Corte.
Uno de los casos revisados fue el de Florence Cassez, utilizado para analizar las consecuencias que pueden tener las violaciones al debido proceso durante una investigación penal. Alcocer destacó la importancia de observar garantías procesales, documentar correctamente las actuaciones policiales y preservar la legalidad de las pruebas.
La discusión mostró que el procedimiento forma parte sustancial de la justicia. Cuando una autoridad incumple garantías fundamentales, sus actuaciones pueden perder validez y comprometer todo un proceso.
Otro ejemplo fue el relacionado con el autoconsumo recreativo de marihuana, donde entraron en tensión la protección de la salud pública y el libre desarrollo de la personalidad. El análisis sirvió para explicar el papel de la proporcionalidad: una restricción estatal debe justificar su alcance y considerar alternativas menos gravosas para los derechos.
La relación entre autoridad y ciudadanía también alcanza los espacios digitales.
Durante la master class se revisó el caso de un servidor público que bloqueó en Twitter a un periodista, una controversia donde se enfrentaron la privacidad y el acceso a la información.
El ejemplo abrió una pregunta cada vez más frecuente: ¿qué ocurre cuando una cuenta aparentemente personal se convierte en un canal para informar sobre asuntos públicos?
La discusión mostró cómo las fronteras entre comunicación institucional y esfera privada pueden volverse difusas cuando una persona servidora pública utiliza sus redes para difundir información vinculada con sus funciones. En estos escenarios, la transparencia y el escrutinio ciudadano adquieren especial relevancia.
El cuarto caso analizado abordó la clasificación de información bajo argumentos de seguridad nacional.
La controversia ayudó a observar otro principio clave del Estado de derecho: las excepciones al acceso a la información requieren una base jurídica suficiente y deben respetar la distribución constitucional de competencias.
Alcocer explicó que la reserva de información tampoco puede convertirse en una puerta abierta para excluir amplias categorías de asuntos del escrutinio público. La regulación de estas excepciones debe seguir los procedimientos y competencias establecidos por el orden jurídico.
Los cuatro casos compartieron un mismo hilo conductor: el ejercicio del poder exige justificación.
La exposición abordó distintos mecanismos para contener el ejercicio del poder: el control judicial, la vigilancia social y el control parlamentario.
Dentro del ámbito jurisdiccional, Alcocer destacó la relevancia del rigor técnico, la argumentación y la motivación de las sentencias. La legitimidad de una resolución judicial también se construye mediante la calidad de sus razones.
En México, el juicio de amparo ocupa un lugar central entre los instrumentos de protección constitucional. Durante la sección de preguntas se enfatizó la importancia de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y recurrir a asesoría jurídica especializada para determinar la vía correspondiente.
La defensa de los derechos, desde esta perspectiva, funciona como un sistema de contrapesos: intervienen tribunales, legisladores, autoridades, periodistas y ciudadanía. Cada actor ocupa una posición distinta dentro de una misma estructura destinada a evitar la concentración arbitraria del poder.
La master class fue moderada por el Mtro. José Luis Salas Velázquez y reunió una discusión especialmente relevante para profesionales del Derecho, personas servidoras públicas y quienes trabajan en instituciones donde las decisiones administrativas o gubernamentales producen efectos jurídicos.
El encuentro también refleja el tipo de problemas que requieren especialistas capaces de interpretar normas, estudiar precedentes, construir argumentos y evaluar la actuación de las autoridades desde una perspectiva constitucional.
En IEXE Universidad, esta formación puede comenzar con la Licenciatura en Derecho y continuar mediante programas de especialización como la Maestría en Derecho Administrativo, la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, la Maestría en Derecho Fiscal y la Maestría en Sistema Penal Acusatorio y Juicio Oral.
Para quienes buscan avanzar hacia la investigación jurídica y el análisis de problemas complejos, la oferta académica también incluye el Doctorado en Derecho, orientado al estudio avanzado del sistema jurídico, la justicia, los derechos humanos y las políticas públicas.
Y es que conocer la ley implica mucho más que identificar qué puede hacer una autoridad. También exige comprender dónde están sus límites, quién puede revisarla y qué herramientas tiene la ciudadanía cuando esos límites se cruzan.
Ese fue el mensaje que atravesó la master class de José María Alcocer:
en un Estado constitucional, el poder encuentra su fuerza en la ley y su frontera en los derechos.
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