03/07/2026 
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La innovación en el sector público no consiste únicamente en digitalizar un trámite, crear una aplicación o reemplazar una ventanilla por un formulario en línea. Esas acciones pueden facilitar la vida cotidiana, pero representan apenas la superficie de un cambio mucho más profundo.
Brasil ha comenzado a tratar la innovación pública como una capacidad estratégica del Estado: una herramienta para coordinar instituciones, anticipar desafíos, mejorar servicios y orientar transformaciones económicas, sociales y ambientales.
La diferencia es importante. Digitalizar un procedimiento es cambiar el envase; transformar la gestión pública implica revisar también la receta, los ingredientes y la forma en que se distribuyen sus beneficios.
El caso brasileño muestra cómo la innovación puede dejar de ser una colección de proyectos aislados para convertirse en un puente entre la planeación de largo plazo y los problemas concretos de la ciudadanía.
Guía rápida de lectura
Toda innovación pública necesita responder una pregunta básica: ¿para qué queremos cambiar?
En Brasil, la respuesta se encuentra vinculada con un modelo de crecimiento más inclusivo, sostenible y capaz de reducir desigualdades. Su agenda de transformación se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo, con aquellos relacionados con pobreza, desigualdad, cambio climático, protección de los ecosistemas e instituciones sólidas.
Esto quiere decir que la tecnología no se presenta como un fin en sí mismo; funciona como una herramienta para perseguir objetivos sociales, ambientales y productivos.
Una plataforma digital puede agilizar el acceso a un servicio, por ejemplo, pero su verdadero valor depende de que ese servicio llegue a las personas que antes enfrentaban barreras de distancia, tiempo, información o ingreso.Brasil también incorporó un objetivo adicional relacionado con la igualdad étnico-racial, identificado como ODS 18 dentro de su planeación nacional. La decisión muestra una idea relevante: las agendas globales pueden adaptarse a las necesidades históricas y sociales de cada país.
La innovación, bajo esta lógica, no busca que el Estado parezca más moderno; lo que quiere es que sea más capaz de transformar realidades.
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Uno de los rasgos más interesantes del modelo brasileño es la articulación de varias estrategias nacionales. En lugar de tratar la industria, el clima, la infraestructura y la tecnología como islas separadas, se busca conectarlas dentro de una visión común.
La agenda se apoya en cinco grandes planes:
Esta política industrial pretende impulsar sectores como agroindustria sostenible, salud, infraestructura, movilidad, digitalización, bioeconomía, descarbonización y tecnologías relacionadas con la soberanía nacional.
Su objetivo no se limita a producir más. También pretende fortalecer capacidades tecnológicas, generar empleos y preparar a la economía para nuevas exigencias ambientales y productivas.
El plan propone avanzar hacia una economía baja en carbono mediante instrumentos financieros sostenibles, transición energética, bioeconomía, innovación tecnológica y economía circular.
Aquí, la política ambiental funciona como una brújula económica. La transición ecológica se plantea como una oportunidad para atraer inversión, desarrollar nuevos sectores y reducir vulnerabilidades, no únicamente como una obligación climática.
El nuevo programa de aceleración del crecimiento concentra inversiones en infraestructura, transporte, energía, conectividad, salud, educación y saneamiento.
Una política de innovación difícilmente prospera cuando carece de carreteras, redes digitales, energía confiable o servicios básicos. Por eso, la infraestructura constituye el suelo sobre el cual pueden crecer otras transformaciones.
Esta estrategia organiza las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático, con la meta de avanzar hacia la neutralidad de carbono y fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos ambientales.
Su importancia está en incorporar el clima a la planeación presente. No espera a que una sequía, inundación o crisis energética obligue al gobierno a improvisar.
La estrategia de largo plazo tiene el propósito de orientar el desarrollo sostenible, justo y próspero. Entre sus principios se encuentran la reducción de desigualdades, la preparación ante cambios demográficos, el aumento de la inversión y la estabilidad macroeconómica.
Pensar hacia 2050 obliga a mirar más allá de un periodo de gobierno. Es como levantar la vista del tablero inmediato para observar la carretera completa.
La reconstrucción de la planeación nacional también incorporó mecanismos amplios de participación social.
El Plan Plurianual 2024-2027 se elaboró mediante un proceso participativo que movilizó a más de 1.4 millones de personas por medios digitales y a más de 34 mil participantes en encuentros presenciales realizados en las capitales estatales.
La cifra es relevante porque muestra que la planeación pública no tiene que limitarse a oficinas técnicas ni documentos redactados a puerta cerrada.
Abrir la conversación no significa que cada propuesta ciudadana se convierta automáticamente en política. Significa ampliar la información disponible, identificar prioridades y fortalecer la legitimidad de las decisiones.
La participación puede funcionar como un radar: ayuda a detectar problemas que no siempre aparecen en los indicadores administrativos, pero que sí forman parte de la experiencia cotidiana de la población.
Brasil también participa en la Alianza para el Gobierno Abierto y ha desarrollado planes nacionales con compromisos relacionados con transparencia, ciencia abierta, educación digital y combate a la corrupción.
Las buenas ideas suelen fracasar cuando dependen exclusivamente de una persona, una administración o un equipo temporal.
Por eso, una de las fortalezas del caso brasileño es la creación y consolidación de instituciones responsables de sostener la innovación.
El Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos tiene un papel central en la modernización administrativa, la transformación digital y la mejora de los servicios públicos.
Su existencia envía una señal clara: innovar no es una actividad secundaria ni un proyecto decorativo; es una responsabilidad institucional.
También participan organismos como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y la Escuela Nacional de Administración Pública.
Esta última ha impulsado evaluaciones de impacto, formación para personas servidoras públicas y laboratorios de innovación que utilizan metodologías como pensamiento de diseño y cocreación.
Los laboratorios cumplen una función especialmente valiosa: crean espacios donde el Estado puede experimentar antes de escalar una solución.
En política pública, un piloto bien diseñado funciona como un simulador de vuelo. Ayuda a detectar errores en condiciones controladas antes de trasladar una intervención a millones de personas.
Brasil también busca fortalecer su posición en tecnologías emergentes.
El Plan Brasileño de Inteligencia Artificial 2024-2028 pretende impulsar una IA ética, inclusiva y soberana, además de fortalecer la capacidad del Estado y apoyar la transformación digital de los servicios públicos.
La palabra “soberana” es importante. No se trata solamente de utilizar tecnologías creadas en otros países, es sobre desarrollar capacidades propias, infraestructura, talento y criterios para decidir cómo y para qué se aplican.
La inteligencia artificial puede ayudar a analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y mejorar servicios. Sin embargo, su aplicación en el gobierno también exige transparencia, protección de datos y supervisión humana.
Un algoritmo puede señalar una anomalía, priorizar una solicitud o encontrar tendencias, pero no debe convertirse en una caja negra que decida sin explicar sus criterios.
Bajo esta idea, la autonomía tecnológica no implica aislarse del mundo. Se traduce en evitar que decisiones estratégicas dependan por completo de herramientas, proveedores o conocimientos externos.
Otra pieza importante de la estrategia brasileña es su política de datos abiertos.
Las instituciones públicas deben publicar información en formatos abiertos y reutilizables, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la investigación, el control social y la creación de nuevos servicios.
El Portal Brasileño de Datos Abiertos reúne conjuntos de información de distintos organismos. A esto se suma una infraestructura nacional que pretende mejorar la interoperabilidad entre instituciones.
La interoperabilidad puede parecer un concepto técnico, pero tiene efectos muy concretos.
Cuando los sistemas públicos no se comunican, la ciudadanía termina actuando como mensajera entre oficinas: presenta varias veces los mismos documentos, repite información y enfrenta procedimientos duplicados.
Cuando los datos pueden intercambiarse bajo reglas claras, los trámites se simplifican y la gestión obtiene una visión más completa.
En ese sentido, los datos son como el sistema circulatorio del gobierno. Si permanecen encerrados en cada institución, la información no llega a donde se necesita. Si circulan con seguridad y estándares comunes, ayudan a coordinar decisiones.
Las contrataciones gubernamentales también pueden utilizarse como una herramienta de innovación.
De acuerdo con la CEPAL (2025), las compras públicas representaban cerca del 16 % del producto interno bruto y el 22.7 % del gasto público en Brasil en 2021.
Su tamaño les otorga un enorme potencial para orientar mercados, impulsar tecnologías y apoyar misiones públicas en áreas como salud, energía, movilidad o alimentación.
Por ejemplo, una institución puede limitarse a comprar luminarias más baratas o plantear una contratación orientada a reducir el consumo energético de una ciudad. En el segundo caso, no adquiere únicamente productos: busca una solución.
Las compras públicas de innovación permiten contratar tecnologías o servicios que todavía no existen plenamente en el mercado. Para que funcionen, requieren reglas que distribuyan riesgos y eviten que la incertidumbre paralice a las instituciones.
El reto consiste en transformar al gobierno de comprador pasivo en demandante estratégico de innovación.
Una política pública no puede considerarse exitosa solamente porque fue anunciada, digitalizada o implementada.
También necesita demostrar resultados.
Brasil cuenta con mecanismos de monitoreo y evaluación encargados de analizar el desempeño de las políticas, identificar oportunidades de mejora y formular recomendaciones para optimizar recursos públicos.
La evaluación funciona como un espejo incómodo, pero indispensable. Puede mostrar que una política bien intencionada no está llegando a su población objetivo, que sus costos son demasiado elevados o que requiere ajustes.
El gobierno brasileño también ha utilizado datos sobre digitalización de servicios y satisfacción ciudadana para medir avances.
Desde 2019, más de 1,200 servicios públicos fueron digitalizados, con ahorros anuales estimados en 360 millones de dólares y un nivel de satisfacción ciudadana de 55 % en los servicios digitales, según los datos incluidos en el documento base.
Estas cifras muestran avances, aunque también recuerdan que la digitalización no garantiza por sí sola una buena experiencia.
Un trámite puede estar disponible en línea y seguir siendo confuso, inaccesible o difícil de completar. La verdadera transformación ocurre cuando la tecnología reduce cargas, mejora la atención y resuelve necesidades.
El modelo brasileño no debe copiarse como una plantilla. Cada país tiene capacidades, instituciones y desafíos diferentes. Sin embargo, ofrece varias lecciones útiles.
La innovación pública debe generar valor para las personas. La eficiencia administrativa importa, pero no basta. El objetivo último es construir instituciones más inclusivas, confiables y capaces de responder a problemas complejos.
Brasil está construyendo un ecosistema donde la innovación pública conecta planeación, tecnología, participación, ciencia, compras gubernamentales y evaluación.
El proceso todavía enfrenta desafíos: coordinación entre niveles de gobierno, fragmentación institucional, continuidad política y necesidad de fortalecer capacidades internas.
Aun así, su experiencia muestra una diferencia fundamental entre modernizar y transformar.
Modernizar puede significar sustituir papel por pantallas. Transformar implica cambiar la manera en que el Estado aprende, coordina, decide y rinde cuentas.
La innovación pública alcanza su verdadero valor cuando deja de ser una vitrina tecnológica y se convierte en una herramienta para reducir desigualdades, anticipar riesgos y construir futuros posibles.
Brasil no solo está incorporando tecnología a su administración. Está intentando convertir al Estado en una institución que aprende mientras avanza.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026). Panorama de la gestión pública en América Latina y el Caribe, 2025: Innovar en el Estado para gestionar las transformaciones indispensables (LC/PUB.2025/29).
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