México cuenta con una de las jornadas laborales más extensas del mundo alcanzando, en promedio, 52 horas a la semana, según se advirtió en el Parlamento Abierto sobre la jornada laboral, convocado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, este no es un tema nuevo, en los últimos 13 años todos los partidos políticos mexicanos han propuesto al menos una reforma en este sentido, sumando un total de 17 iniciativas. Ninguna ha sido aprobada.

De manera sistemática, los grupos empresariales con gran peso sobre las decisiones políticas se han opuesto a estas reformas y han prevalecido en cada ocasión. Gracias a ellos, México es uno de los países de la Organisation for Economic Co‑operation and Development (OCDE) con más horas de trabajo, sólo superado por Colombia.

Uno de los principales argumentos en contra de la reducción de jornada es que las empresas no podrían sobrevivir sin estos horarios laborales; pues el valor generado por las industrias se divide en dos partes: el retorno para los dueños y el retorno para los trabajadores. Sin embargo, veamos algunos datos:

• En la OCDE, el 69% del valor se destina a los trabajadores y el 31% a los dueños.
• En América, el 56% va a los trabajadores y el 44% a los dueños.
• A nivel mundial, el 51% va a los trabajadores y el 49% a los dueños.
• En México, sólo el 34% va a los trabajadores y el 66% a los dueños.

Los principales argumentos en contra de la redistribución de ganancias son variados. Por ejemplo, se alega que esto depende del tipo de industria; sin embargo, en todo el mundo, el porcentaje asignado a los trabajadores en cualquier rubro supera al de México.

También es común creer que esto sólo afecta a las PYMES, pero la realidad es que, independientemente del tamaño, en México los trabajadores siempre reciben un porcentaje menor en comparación con otros países, sin importar la magnitud de la empresa.

Aunque es cierto que existen múltiples factores de riesgo para el sector empresarial, en comparación con países como Panamá, Ecuador o algunos de África, que tienen riesgos similares o mayores, México continúa siendo uno de los que menos remunera a sus empleados.

Los datos evidencian que los trabajadores mexicanos no sólo trabajan mucho, sino que también su remuneración es baja en comparación con estándares internacionales. Esto refleja la costumbre del sector empresarial de recibir remuneraciones anormalmente altas, lo que genera resistencia a un enfoque más equitativo y los lleva a ejercer su influencia dentro de los grupos de cabildeo.

Una de las peticiones de los grupos empresariales ha sido la de incrementar los incentivos fiscales. Sin embargo, como señaló Viridiana Ríos en el foro del Parlamento Abierto sobre Empleo, Jornada y Estándares de Producción en México, la reducción de la recaudación fiscal representa un problema en un país que ya recauda menos en proporción al PIB que otros países como las Bahamas.

Las cámaras empresariales también han señalado el problema de la informalidad, vista y entendida como un mal general y no como resultado de problemas estructurales; pues lo cierto es que muchas personas en el mercado informal preferirían trabajar formalmente, pero la escasez de ofertas laborales lo impide. La realidad es que la informalidad es consecuencia directa de una economía que no funciona adecuadamente y no genera suficientes oportunidades de trabajo o negocio.

En los últimos 15 años, en México se han creado 11 millones de empleos formales, pero 30 millones de personas han ingresado al mercado laboral. Esto es porque cerca del 50% de la población labora en el sector informal y, aunque es verdad que algunas personas se integran a la informalidad en busca de la evasión fiscal, la mayor parte de esta no se da por dicha razón, sino por las empresas con más capital, especialmente el 1% más rico, que evade y elude impuestos 9 veces más que el 50% en la informalidad.

Para disminuir la informalidad, se requiere no sólo de empresas productivas, sino que estas ofrezcan salarios que cubran todas las necesidades básicas de sus trabajadores. Pero, ¿cómo podemos combatir la informalidad? Existen varios factores que impactan en el desarrollo integral de las empresas:

• El retraso en los pagos por parte de grandes empresas a las más pequeñas o proveedores: la creación de un marco regulatorio que proteja a las pequeñas empresas, pues estas a menudo se ven afectadas por el capital retenido por grandes corporaciones.
• Fomentar la competencia en el sector bancario: reducir y regular el costo de los créditos, ya que los bancos en México registran ganancias superiores al 82% de los países del mundo, lo cual limita las capacidades operativas de empresas que podrían ofrecer un mayor ecosistema empresarial.
• Repensar la seguridad social para que no sea exclusiva de los trabajadores formales, sino que se adapte a una sociedad con patrones sociales cambiantes. Las nuevas generaciones, a diferencia de las anteriores, cambian frecuentemente de trabajo, y la seguridad social debería ofrecer apoyo a la mayoría, desde un esquema de seguridad social independientemente de su empleo.
• Por último, es fundamental establecer un plan ambicioso y estratégico a largo plazo para organizar y capacitar a los empresarios. Emprender en México es difícil y requiere de tiempo, capital y esfuerzo. Para mejorar las capacidades de aquellos que se aventuran en este camino, es importante mirar hacia otros países donde estos entornos han generado mercados productivos y permitido a los empresarios construir las bases de futuros trabajos y bienestar generalizado.

Esta situación refleja un desafío estructural en la economía mexicana, que no sólo exige una revisión de las jornadas laborales sino también una reforma profunda en la distribución de la riqueza y en las políticas de empleo. El hecho de que México se mantenga con bajos salarios y extensas jornadas laborales en el contexto de una OCDE donde otros países han logrado equilibrar mejor estas condiciones, sugiere la necesidad de repensar el modelo económico y laboral. Las reformas deberían apuntar a una reducción de la jornada laboral pero también a una distribución más justa de los ingresos, una mejora en la calidad del empleo y un combate efectivo contra la informalidad. Esto implica considerar medidas que incentiven una mayor equidad en la participación de los beneficios económicos y promuevan un entorno de negocios que favorezca tanto a trabajadores como a empresarios, en pro de un desarrollo económico inclusivo y sostenible. En última instancia, el reto para México sí reside en ajustar las cifras de horas trabajadas, pero también en garantizar que el trabajo sea sinónimo de dignidad, progreso y bienestar equitativo para toda la sociedad.