En muchos países de Latinoamérica se cuentan historias de terror parecidas. Un grupo armado invade una fiesta y asesina a todos los invitados; pancartas con mensajes de odio – cuyos remitentes son grupos criminales – aparecen colgadas en un puente; o militares sin orden de cateo irrumpen las casas de civiles y, sin explicación alguna, se los llevan presos. La realidad supera cualquier intento de narrativa: en nuestras sociedades, la violencia, la inseguridad y el abuso de autoridad son males rutinarios.

¿Qué han hecho los gobiernos para revertir esta situación? En esta entrada, te contamos sobre el Modelo Bukele, una estrategia implementada en El Salvador y que otros países latinoamericanos, como Ecuador, buscan replicar para combatir las crisis de violencia desatadas en sus calles y cárceles.

¿Qué es el Modelo Bukele?

Es una estrategia de seguridad pública, efectuada por Nayib Bukele en El Salvador, que se caracteriza por su enfoque de mano dura, especialmente en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado. Entre sus particularidades, se encuentran:

1. Represión intensiva contra las pandillas, por medio de operaciones policiales y militares agresivas.
2. Régimen de excepción, que consiste en la suspensión de algunas libertades civiles y en la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad.
3. Uso de la tecnología y medios sociales para comunicar las políticas y logros en seguridad.
4. Modernización y fortalecimiento de la infraestructura carcelaria para evitar que las pandillas operen desde las prisiones.
5. Enfoque autoritario populista, porque apela a la centralización del poder y al apoyo de las masas para respaldar acciones rigurosas y controvertidas.

¿Por qué surgió el Modelo Bukele?

En 2015, El Salvador vivía amedrentado por las pandillas de los Mara Salvatrucha y Barrio 18. Estas bandas representaban un cáncer social porque se infiltraban y roían a la sociedad salvadoreña, no sólo afectándola en términos de seguridad, también paralizando su desarrollo y economía.

Ese mismo año, el país fue calificado como el más violento del mundo por su tasa de homicidios de 105 por cada cien mil habitantes. Cuatro años después, en 2019, cuando Nayib Bukele asumió el poder, la tasa había bajado a 38 por cada cien mil habitantes, sin embargo, aún resultaba un reto para el mandatario. Por tal razón, veinte días después de asumir el poder, activó el Plan Control Territorial, el cual representó la pomposa inversión de 575 millones de dólares.

De 2019 a 2022, si bien el número de homicidios disminuyó, las pandillas protagonizaron algunas matanzas esporádicas con saldos importantes. La última tuvo lugar el 25 de marzo de 2022: 87 personas fueron privadas de la vida en un fin de semana. Este hecho aconteció en un clima de rumores relativos a una posible negociación entre los grupos criminales y el gobierno, y fue la antesala del régimen de excepción.

¿Qué implicó el régimen de excepción?

El régimen de excepción conllevó la aniquilación de la democracia, ¿por qué? Porque su ejecución significó la toma de control de las instituciones, la desaparición de contrapesos, violencias reales y simbólicas, así como la transgresión de la legalidad. Este régimen permitió la detención de personas sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales que significaron la purga masiva de jueces mayores a sesenta años, así como la creación de las siguientes figuras:

• Los jueces sin rostro o identidad, quienes no podían ser identificados en los casos contra detenidos.
• Los juicios colectivos, los cuales permitían condenar a grupos de personas pertenecientes a una misma estructura delictiva.

Las otras reformas penales quitaban margen de maniobra a los jueces para dejar en libertad a los procesados o establecían nuevas penas de prisión. Por ejemplo, por pertenecer a una pandilla, una persona podía estar presa hasta 30 años; por ser el líder de la misma, hasta 60 años; por elaborar una imagen o un texto con un mensaje relativo a un grupo, hasta 15 años de prisión.

Así, el Ejército y la Policía Nacional Civil trasladaron todo su arsenal a las áreas o comunidades más conflictivas. Ahí, procedieron a detener a todos los individuos que tuvieran antecedentes penales o policiales, así como a aquellos que, por características físicas como los tatuajes o vestimenta, eran sospechosos de pertenecer a grupos delictivos. Como era de esperarse, el número de detenidos se multiplicó.

Para hacer frente a esta situación, Bukele mandó a construir una imponente prisión con capacidad para 40 mil reclusos, marcando un giro drástico hacia una postura más severa y punitiva en la lucha contra las pandillas. No obstante, esta fortaleza ha sido foco de críticas por la falta de transparencia en su financiamiento y construcción, así como por las condiciones poco humanas que ofrece a los reos.

¿Funciona el Modelo Bukele?

Las cifras indican que sí, pero al respecto hay que realizar dos acotaciones. La primera es que, si bien la tasa de homicidios alcanzó en 2022 niveles muy bajos – 7.8 por cada cien mil habitantes –, no considera todas aquellas muertes infringidas por las fuerzas de seguridad contra supuestos pandilleros, ni las de los reos, las cuales, en 2022, fueron 92 y 90, respectivamente. La segunda es que, aunque en las encuestas que se han realizado el 80 por ciento de la ciudadanía está de acuerdo con mantener el modelo, diferentes organismos de derechos humanos lo cuestionan.

Con base en estos organismos, durante el régimen de excepción se han realizado capturas arbitrarias o injustificadas, y se han violentado a cerca de seis mil 436 salvadoreños; es decir, los encarcelamientos han tenido lugar con un importante margen de error. Adicionalmente, por lo menos 174 detenidos han muerto debido a las torturas y el hacinamiento extremo en los centros penitenciarios.

¿Por qué se habla del Modelo Bukele en Ecuador? 

Actualmente, en Ecuador, la transición de una chispa a un incendio apenas dura un segundo. Desde hace años, el país lleva experimentando una drástica escalada de violencia y del crimen organizado. Para contrarrestar esta tendencia, el presidente Daniel Noboa recientemente implementó el régimen de excepción; sin embargo, esto no es nuevo: Guillermo Lasso, su antecesor, recurrió en veinte ocasiones a esta medida en sólo dos años y medio.

La guerra entre bandas criminales se ha dado, principalmente, por el control de las rutas del narcotráfico. Esta crisis se agravó durante la pandemia de Covid-19, porque estos grupos vinculados a poderosos carteles mexicanos expandieron su influencia, especialmente en Guayaquil, un punto clave para el narcotráfico. Las bandas también se apoderaron de las cárceles, convirtiéndolas en centros de operaciones, pero también en escenarios de muertes violentas, extorsiones, secuestros y otros enfrentamientos.

Esta situación alcanzó un punto crítico a principios de enero de 2024, cuando un grupo armado y encapuchado irrumpió en un canal de televisión, tomando como rehenes al personal con armas y explosivos. Este asalto, transmitido en vivo, no tiene precedentes en la historia reciente del país y tuvo como móvil la fuga de los líderes de dos organizaciones criminales rivales.

¿Cuál fue la reacción del presidente de Ecuador?

Ante este panorama, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de conflicto armado interno. Esta medida ha permitido la intervención de fuerzas combinadas de militares y policías en las calles y las cárceles, logrando una reducción inicial en el número de muertes violentas de 28 a diez por día. En una semana, las medidas se tradujeron en 20 mil 849 operativos, 1 mil 975 detenidos y 32 recapturados. Como parte de la estrategia para contener la violencia, el gobierno ecuatoriano implementó un toque de queda nocturno. No obstante, la duración de esta restricción se ha reducido en aras de dinamizar la actividad económica, y dada la percepción de mejora respecto de la seguridad.

La estrategia implementada incluye al Plan Fénix, que propone una serie de iniciativas para reformar el sistema penitenciario de Ecuador. Entre estas medidas se encuentran la creación de una central de inteligencia para prevenir delitos, la implementación de uniformes con alta resistencia balística, el uso de drones y la reestructuración de la cúpula militar. Respecto de esta última, hay poca credibilidad en relación con la transparencia del proceso.

Un aspecto distintivo del Plan Fénix es la construcción de cárceles al estilo de las implementadas por Bukele en El Salvador, con sistemas de inhibición de señales de celular y espacios diseñados según el nivel de riesgo de los reclusos, así como barcos-prisión destinados a aislar a los criminales más peligrosos.

¿El fin justifica el Modelo Bukele?

La implementación del Modelo Bukele en Ecuador pone sobre la mesa una de las cuestiones más antiguas y complejas en la ética política: ¿el fin justifica los medios? Mientras la estrategia de Bukele ha mostrado resultados en la reducción de la violencia en El Salvador, su impacto en los derechos humanos y la integridad democrática plantea serias preocupaciones. Este dilema migra también a Ecuador, un país que busca soluciones a su creciente crisis de seguridad.

En la lucha contra el crimen organizado y la violencia, la tentación de adoptar medidas extremas es comprensible, sobre todo, cuando las tácticas tradicionales parecen fallar. Sin embargo, la historia nos enseña que la erosión de los principios democráticos y el sacrificio de los derechos humanos a menudo conducen a resultados a largo plazo que son tan dañinos como los problemas que se intentan resolver.

En este sentido, cada paso tomado en la búsqueda de un estado más seguro y pacífico debe ser hacia adelante en la defensa de la justicia, la transparencia y la integridad. El éxito de una medida no debe calibrarse únicamente a partir de la disminución de la violencia, sino también del fortalecimiento de un estado y una sociedad que valora y protege a cada uno de sus ciudadanos.