El costo humano como centro de la conversación sobre seguridad

• Detrás de cada operativo hay personas que asumen riesgos reales y consecuencias irreversibles.
• La seguridad pública no se mide solo en resultados tácticos, sino en el costo humano que implica.
• Reconocer, respaldar y proteger a quienes sirven es parte central de la legitimidad del Estado.

El costo humano de la seguridad en Jalisco volvió a colocarse en el centro del análisis después de la operación en la que se capturó al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y la serie de reacciones que le siguieron. Si bien la conversación pública se centró en los efectos inmediatos del operativo, es importante comprender la dimensión completa de estos hechos, es decir, mirar a quienes asumieron el riesgo en la primera línea y las respuestas institucionales que se activan después de una pérdida de vidas en combate.

La seguridad pública se sostiene, sobre todo, de personas, no únicamente de decisiones tácticas, despliegues territoriales o resultados operativos. Cada acción de alto riesgo implica exposición directa, desgaste físico y emocional y, en los casos más graves, lesiones o la pérdida de vidas de quienes cumplen funciones públicas.

En los hechos posteriores al operativo se reportó que, en Jalisco, murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, además de otras víctimas vinculadas a la autoridad civil; en Michoacán se documentaron numerosos elementos lesionados. Estas cifras, más que un apéndice informativo, representan la dimensión humana del episodio y la presión que recae sobre las capacidades institucionales del Estado.

Del resultado táctico a la dimensión humana

El análisis de seguridad suele enfocarse en resultados operativos: detenciones, neutralización de objetivos o despliegues adicionales. Sin embargo, este enfoque se queda corto si no incorpora el costo humano de la seguridad pública.

La respuesta posterior a una operación de alto impacto incluye fases como contención, estabilización territorial y prevención de nuevas agresiones, etapas en las que también hay exposición y desgaste acumulado del personal desplegado.

Este costo prolongado es una parte central de cualquier evaluación seria sobre seguridad pública, ya que no trata sólo de lo que ocurre durante el operativo, también de cómo se sostiene la presencia institucional y qué respaldo se ofrece a quienes asumen los riesgos.

La respuesta institucional tras la muerte de un elemento

Cuando un integrante de las fuerzas de seguridad muere en servicio, las instituciones activan respuestas en tres planos distintos pero complementarios: ceremonial, administrativo y de seguridad social. Estos planos configuran el conjunto de medidas que, de manera global, constituyen la respuesta del Estado al costo humano de sus instituciones.

Ceremonial: honores y memoria pública

El plano ceremonial busca reconocer públicamente el servicio y el sacrificio de quien murió en cumplimiento del deber. En México, las Fuerzas Armadas cuentan con instructivos de honores fúnebres que detallan las condiciones para rendir reconocimiento al elemento fallecido y proporcionar solemnidad al acto previo al sepelio, así como las facilidades necesarias para su realización.

En el caso reciente, la Guardia Nacional expresó públicamente su “más profundo pesar” por los elementos que perdieron la vida y rindió homenaje a su memoria, subrayando su lealtad, valentía y compromiso con la seguridad del país. A este reconocimiento se sumó el mensaje del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien ofreció condolencias a las familias y se mostró visiblemente conmovido al referirse a los elementos caídos. En conjunto, estas expresiones cumplen una función social relevante: visibilizan el costo humano, refuerzan la memoria institucional y colocan el servicio público en el centro de la conversación.

Administrativo: notificación y reconocimiento formal

El plano administrativo incluye el reconocimiento de que la muerte ocurrió “en actos del servicio” y la apertura formal de los procedimientos que garantizan derechos y prestaciones. Esta etapa implica, entre otras cosas, la notificación oficial a los familiares, el reconocimiento de la causalidad entre el servicio y el fallecimiento, y la incorporación del hecho en los registros institucionales correspondientes.

Aunque estos procedimientos no siempre son visibles para el público general, constituyen una parte esencial del respaldo del Estado a sus elementos. La forma en que se articula este reconocimiento, con tiempos claros, comunicación transparente y acompañamiento a las familias, tiene un impacto directo en la percepción de legitimidad institucional.

Seguridad social: prestaciones y apoyos

Uno de los elementos más importantes del respaldo institucional tras la muerte de un integrante de las fuerzas ocurre en el plano de la seguridad social. En México, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) extiende derechos a los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias, incluidos los miembros de la Guardia Nacional que fallezcan en actos del servicio o a consecuencia de ellos.

La ley contempla prestaciones económicas, entre ellas:

• Pensión para familiares por muerte en actos del servicio
• Paga de defunción, un apoyo económico para gastos relacionados con el sepelio
• Provisión de servicios médicos y reconocimiento de derechos de los beneficiarios
• El Seguro de Vida Militar, vigente para ciertos beneficios complementarios, también puede entrar en juego según la situación particular.

Adicionalmente, existen lineamientos específicos de apoyo para integrantes con incapacidad por lesiones y para dependientes económicos de quienes pierdan la vida en cumplimiento de sus funciones, lo que refuerza aún más la protección social.
Estos mecanismos reconocen jurídicamente la pérdida y buscan mitigar sus efectos materiales en las familias, lo que forma parte de la responsabilidad institucional.

Hacia una comprensión más completa de la seguridad pública

Desde una perspectiva académica, la seguridad pública no puede evaluarse exclusivamente por el desenlace inmediato de una operación. Debe analizarse por el conjunto de efectos que produce, en términos operativos, territoriales, de legitimidad pública y, de manera central, en el costo humano asumido por las fuerzas del Estado. Sin esta dimensión, el análisis queda incompleto. Con ella, la conversación gana profundidad, responsabilidad y sentido social.

El episodio reciente en Jalisco deja una pregunta clara: ¿qué tan preparado está el Estado para cuidar, respaldar y reconocer, de manera efectiva (no nada más discursiva), a quienes lo representan en el territorio? Dirigir la conversación hacia ese punto no suaviza la gravedad del problema; la vuelve más rigurosa y más humana.