Venezuela, enero de 2026: cuando la crisis dejó de ser previsible

• Qué pasó en Venezuela el 2 de enero de 2026: contexto, captura de Nicolás Maduro, papel de Estados Unidos y por qué este hecho marca un antes y un después en la crisis venezolana.
• Trump, presión internacional y reconfiguración política: cómo la nueva postura de Estados Unidos impacta la soberanía, los derechos humanos y el equilibrio regional en América Latina.
• Escenarios futuros para Venezuela: transición política, confrontación externa o negociación internacional, y las posibles consecuencias sociales, económicas y geopolíticas.

Durante años, la situación de Venezuela se describió con palabras que ya casi se volvieron rutina: crisis política, colapso económico, migración masiva, sanciones, autoritarismo, negociación fallida. Parecía que todo estaba dicho. Sin embargo, el 2 de enero de 2026 marcó un quiebre que incluso para quienes siguen de cerca la región resultó difícil de procesar.

Ese día, comenzó a circular una información que muchos creyeron falsa en un primer momento: Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas de Estados Unidos en una operación ejecutada dentro del territorio venezolano. No se trataba de un rumor más ni de un anuncio político grandilocuente: horas después, la noticia fue confirmada por autoridades estadounidenses y retomada por medios internacionales.

La sorpresa, más allá del hecho, fue lo que este implicaba: por primera vez en la historia reciente de América Latina, un jefe de Estado, o un mandatario que se asumía como tal, era detenido por una potencia extranjera y trasladado fuera de su país para enfrentar un proceso judicial.

¿Cómo se llegó a este punto en Venezuela?

Para entender lo ocurrido en enero de 2026, es necesario mirar el camino previo. Venezuela ya arrastraba una prolongada crisis de legitimidad política, con elecciones cuestionadas, una oposición fragmentada y un aparato estatal fuertemente concentrado en el Ejecutivo.

A lo largo de los últimos años, las sanciones internacionales, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea, no lograron provocar una transición política clara. Tampoco las mesas de diálogo ni los intentos de mediación regional en conflictos diplomáticos. El país se mantuvo en una especie de equilibrio frágil, donde el poder se sostenía más por control institucional y militar que por consenso social.

En ese contexto, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos reconfiguró por completo la relación bilateral. A diferencia de administraciones anteriores, Trump dejó claro que su enfoque hacia Venezuela no sería gradual ni diplomático; sería directo y de alto impacto.

La captura de Maduro y el mensaje de fondo

Tras la detención, Maduro fue trasladado a Estados Unidos y presentado ante una corte federal en Manhattan, donde se declaró inocente y afirmó seguir siendo el presidente legítimo de Venezuela. Este gesto, más allá de lo jurídico, tuvo una fuerte carga simbólica: el conflicto venezolano se trasladó al centro del sistema judicial estadounidense.

Desde Washington, el discurso fue cuidadosamente medido. No se habló explícitamente de “intervención”, pero sí de responsabilidad internacional, seguridad regional y reconfiguración política. Trump, en declaraciones posteriores, dejó entrever que esperaba un nuevo liderazgo en Venezuela alineado con los intereses de Estados Unidos, especialmente en materia energética y geopolítica.

Aquí aparece un punto clave: Venezuela es un país con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, ubicado en una región estratégica. Cualquier movimiento político tiene consecuencias económicas y de poder a escala continental.

El nuevo escenario interno: Delcy Rodríguez y el interinato

Mientras Maduro enfrentaba el proceso judicial en Estados Unidos, dentro de Venezuela se activó un plan de contención. El Tribunal Supremo de Justicia anunció que Delcy Rodríguez asumiría la presidencia interina, bajo el argumento de garantizar estabilidad institucional y continuidad del Estado.

Este nombramiento fue respaldado por la cúpula civil y militar, lo que evitó, por lo menos en el corto plazo, un vacío de poder. Sin embargo, el carácter “temporal” del interinato dejó abiertas múltiples interrogantes: ¿cuánto tiempo puede durar?, ¿bajo qué reglas?, ¿quién supervisa el proceso?, ¿habrá elecciones y con qué garantías?

Rodríguez ha alternado entre un discurso de denuncia internacional, calificando la captura como una violación al derecho internacional, y mensajes más pragmáticos orientados a evitar un aislamiento total. Esta ambigüedad ha sido leída por muchos analistas como una estrategia para ganar tiempo, recomponer apoyos internos y explorar márgenes de negociación externa.

Trump, presión y rediseño del tablero

Del lado estadounidense, el mensaje ha sido claro: Estados Unidos no pretende retirarse del escenario venezolano. Trump ha insinuado que el nuevo gobierno deberá cumplir condiciones políticas y económicas concretas, y ha dejado abierta la posibilidad de endurecer sanciones si no hay cooperación.

Figuras como Marco Rubio han sido señaladas como operadores clave en esta etapa, impulsando una línea dura que combina presión diplomática, control económico y redefinición de alianzas regionales.

Esto ha generado preocupación en distintos sectores, incluso fuera de Venezuela. Tanto por el futuro inmediato del país como por el precedente internacional: ¿hasta dónde puede llegar una potencia en nombre de la estabilidad o la democracia?, ¿qué reglas siguen vigentes cuando el uso de la fuerza se normaliza como herramienta política?

Derechos humanos, soberanía y un precedente incómodo

Uno de los debates más complejos que se abrió tras el 2 de enero no gira en torno a Maduro como figura política, más bien es sobre el método utilizado.

Organismos, académicos y analistas han señalado que una captura extraterritorial de este tipo tensiona principios básicos del derecho internacional: soberanía, no intervención y debido proceso. Hasta voces críticas del régimen venezolano han advertido que la legalidad del medio importa tanto como el objetivo, porque redefine las reglas para todos.

Además, existe un riesgo claro: cuando la confrontación política escala, el impacto no recae sólo en las élites, también en la población. Más controles, más restricciones económicas, más migración y, en muchos casos, más violaciones a derechos humanos en nombre de la “seguridad” o la “estabilidad”.

¿Hacia dónde puede ir Venezuela ahora?

Lo ocurrido a inicios de enero no cierra la crisis venezolana: la reformula. La captura de Nicolás Maduro y la presión directa de Estados Unidos abren una etapa marcada por la incertidumbre, donde las decisiones que se tomen en el corto plazo pueden tener efectos de largo alcance, tanto dentro como fuera del país.

Un primer escenario es el de una transición política controlada, encabezada por el actual interinato. En este caso, el gobierno buscaría ganar reconocimiento internacional sin modificar de fondo la estructura de poder, apostando por ajustes graduales que reduzcan sanciones y estabilicen la economía. El riesgo de esta vía es que el cambio sea más simbólico que real, prolongando tensiones sociales y desconfianza ciudadana.

Un segundo escenario apunta a una mayor confrontación externa. Si Estados Unidos endurece su postura o condiciona cualquier alivio económico a transformaciones políticas profundas, el gobierno venezolano podría cerrar filas internamente, reforzando el control institucional y limitando espacios de participación. Este camino suele traducirse en mayor presión sobre la población, aumento de la migración y deterioro de derechos humanos.

Un tercer escenario, más complejo, pero también más prometedor, sería una apertura política negociada, con procesos electorales bajo nuevas reglas y algún tipo de acompañamiento internacional creíble. Sin embargo, esta opción enfrenta múltiples obstáculos: desconfianza acumulada, fragmentación de actores políticos y la dificultad de equilibrar intereses internos con exigencias externas.

Más allá de cuál ruta prevalezca, hay un elemento transversal: Venezuela ya no discute sólo su modelo político; es más que eso, pelea por su soberanía, su inserción global y el papel que jugará en un orden cada vez más tenso, por lo que las decisiones que se tomen ahora definirán su gobierno y sus relaciones internacionales.

En ese sentido, el mayor desafío es construir una salida que sea institucional, sostenible y centrada en la población, en un contexto donde las soluciones rápidas suelen generar costos sociales profundos. El desenlace aún está abierto, pero lo que resulta claro es que Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente.