02/06/2026 
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La línea entre un operativo de seguridad y un mensaje político puede ser muy delgada. En un estadio, esa línea aparece en los filtros de acceso, en los agentes que rodean las sedes, en las rutas que toma la gente para llegar al partido y en las decisiones que determinan quién se siente protegido y quién se siente observado.
Esa es una de las discusiones que empieza a rodear al Mundial de 2026. La atención pública suele concentrarse en los grupos, las selecciones, los estadios y los posibles campeones. Sin embargo, alrededor del torneo también se está formando otra conversación, una que gira en torno a lo que ocurre cuando el evento deportivo más importante del mundo se organiza en medio de una política migratoria endurecida.
Human Rights Watch pidió a la FIFA impulsar una “tregua con ICE” durante la Copa Mundial. La propuesta busca que el gobierno de Estados Unidos ofrezca garantías públicas para evitar operativos migratorios en partidos, estadios y zonas relacionadas con el torneo. El planteamiento no nace únicamente de una preocupación deportiva; surge de un contexto donde organizaciones civiles han advertido riesgos para aficionados, trabajadores, periodistas y comunidades migrantes.
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La edición de 2026 tendrá una escala inédita. Participarán 48 selecciones, se jugarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre Estados Unidos, México y Canadá. Esa expansión conlleva más movilidad, más visitantes, más contratación temporal, más vigilancia y más coordinación entre autoridades.
También implica una realidad difícil de separar del futbol: Norteamérica es una región marcada por la migración. Millones de personas viven, trabajan, estudian o mantienen vínculos familiares a ambos lados de las fronteras. Para muchas comunidades, cruzar una ciudad sede durante el Mundial, más que una experiencia turística, será parte de su vida cotidiana.
Ahí está el punto central. El torneo no ocurrirá en una burbuja. Se jugará en ciudades donde ya existen tensiones por deportaciones, redadas, detenciones migratorias, protestas, vigilancia y trato desigual hacia ciertos grupos.
ICE es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Su presencia se ha asociado con operativos migratorios, detenciones y deportaciones que han sido cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
En este sentido, la propuesta de una “tregua con ICE” pretende evitar que las sedes mundialistas se conviertan en espacios donde las personas teman ser detenidas por su condición migratoria, su origen, su idioma o su apariencia. El llamado se inspira en la idea de la Tregua Olímpica, pero trasladada a una preocupación contemporánea: lograr que quienes asistan, trabajen o vivan cerca del torneo puedan hacerlo sin miedo a un operativo migratorio.
La exigencia de HRW coloca a la FIFA frente a una pregunta concreta: si el Mundial promete inclusión, ¿qué garantías reales existen para que esa inclusión se viva fuera de la publicidad?
La seguridad pública es indispensable en un evento masivo. Un Mundial requiere vigilancia, controles, protocolos de emergencia, coordinación policial y medidas para prevenir riesgos.
Nadie espera que un torneo de esta magnitud se organice sin un aparato amplio de seguridad.
El problema aparece cuando ese aparato se cruza con políticas migratorias que afectan de manera desigual a ciertas comunidades. Para una persona con documentos en regla, un retén puede ser una revisión breve. Para alguien con una situación migratoria vulnerable, puede significar detención, separación familiar o deportación.
Esa diferencia cambia por completo la experiencia del evento. El mismo uniforme, la misma patrulla o el mismo punto de revisión pueden representar orden para unos y amenaza para otros. En ese punto, la seguridad deja de ser un asunto meramente operativo y se convierte en una discusión sobre derechos.
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El Mundial suele contarse desde las gradas, las selecciones y las transmisiones, pero detrás de cada partido hay miles de personas contratadas para limpiar, cocinar, vender, transportar, orientar, construir, montar escenarios, operar accesos y sostener la experiencia de los visitantes.
Muchas de esas labores dependen de trabajadores migrantes o de sectores laborales con menor capacidad de defensa. Por eso, la discusión sobre ICE no se limita a los aficionados que viajen a Estados Unidos. También alcanza a quienes harán posible el torneo desde empleos temporales, muchas veces invisibles para el público.
El propio marco de derechos humanos del Mundial 2026 reconoce la necesidad de proteger a trabajadores migrantes, garantizar información en formatos accesibles, facilitar representación legal y evitar abusos laborales, pero ¿esos compromisos tendrán fuerza suficiente frente a un contexto político que empuja en dirección contraria?
La FIFA no controla la política migratoria de Estados Unidos, pero tiene influencia. Su poder no es menor: elige sedes, negocia condiciones, establece requisitos, coordina con gobiernos y convierte sus torneos en vitrinas globales.
Por eso, las organizaciones de derechos humanos le piden actuar más allá del discurso. No basta con colocar palabras como inclusión, diversidad o unidad en campañas oficiales. Un compromiso serio exige protocolos, garantías públicas, canales de denuncia, mecanismos de reparación y coordinación con autoridades locales y federales.
El Mundial 2026 será una prueba para la FIFA porque llega después de años de críticas sobre derechos laborales, discriminación y uso político del deporte. En este caso, el desafío está en demostrar que sus estándares de derechos humanos pueden resistir cuando chocan con una política pública concreta.
La preocupación ya salió del terreno de los comunicados. En distintas ciudades sede de Estados Unidos, organizaciones comunitarias, grupos de apoyo a migrantes, sindicatos, asociaciones civiles y redes legales han comenzado a prepararse para el torneo.
Algunos grupos han impulsado campañas de información sobre derechos, redes de respuesta rápida, asesoría legal y espacios seguros para personas migrantes. La existencia de estas redes revela algo importante: hay comunidades que no esperan a que el Mundial llegue para empezar a protegerse.
El contraste es fuerte. Mientras las autoridades hablan de seguridad y organización, diversos colectivos hablan de prevención, defensa comunitaria y miedo. Ambas narrativas se cruzarán en las mismas ciudades, en las mismas calles y durante las mismas semanas.
Aunque la petición de HRW se dirige principalmente a Estados Unidos, México no queda al margen. El país será sede del torneo y comparte con Estados Unidos una de las relaciones migratorias más complejas del mundo.
Para México, el Mundial representa exposición internacional, turismo, derrama económica y orgullo deportivo. También representa una oportunidad para participar en una discusión regional sobre movilidad humana y protección de derechos. Así que esto va sobre entender el evento como parte de una agenda pública más amplia.
El futbol puede abrir conversaciones que otros espacios no logran instalar con tanta fuerza. En este caso, ayuda a mirar cómo las fronteras, la seguridad y los derechos humanos atraviesan incluso aquello que solemos pensar como entretenimiento.
El Mundial de 2026 será presentado como un evento histórico por su tamaño, sus sedes y su alcance global. Esa narrativa será inevitable. Habrá estadios llenos, himnos, goles, marcas, transmisiones y celebraciones.
Pero también habrá otra medida para evaluar su éxito: la capacidad de proteger a quienes no tienen el mismo margen de seguridad. Aficionados racializados, trabajadores migrantes, periodistas extranjeros, comunidades locales y personas con estatus migratorio vulnerable vivirán el torneo desde posiciones muy distintas. Por lo tanto, es importante observar qué tipo de seguridad se construye y para quién.
Si el torneo promete unir al mundo, esa promesa tendrá que sostenerse en algo más que una frase. Tendrá que verse en la manera en que se trate a quienes cruzan una frontera, toman un autobús, trabajan en un estadio, cubren una protesta o caminan cerca de una sede con temor a ser confundidos con una amenaza.
La frontera también se juega fuera de la cancha. En 2026, esa será una de las historias que el Mundial no podrá ocultar.
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Human Rights Watch. (2026, 22 de abril). Promises of a Safe and Welcoming 2026 World Cup, but Qatar’s Failures Still Echo. Human Rights Watch.
Human Rights Watch. (2026, 27 de abril). 2026 World Cup: Tournament Will Kick Off in Climate of Fear. Human Rights Watch.
Reuters. (2026, 23 de abril). Human rights groups issue US travel advisory ahead of World Cup. Reuters.
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