Mundial 2026: el partido que también se juega desde el gobierno

¿En qué pensamos cuando escuchamos Mundial 2026? En estadios llenos, selecciones de futbol, goles, camisetas y en la emoción de millones de aficionados. Y sí, todo eso tiene lugar, pero no sin otro juego menos visible e igual de importante: el de la organización pública.

El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio en la Ciudad de México y será la edición más grande hasta ahora, con 104 partidos distribuidos en 16 sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Para México, esto representa una oportunidad histórica: estar de nuevo en el centro del futbol mundial y mostrar su capacidad para recibir un evento de escala global. No obstante, también representa una prueba de gobierno.

La organización de un Mundial significa más que tener estadios listos. Implica coordinar seguridad, movilidad, servicios públicos, comercio, turismo, infraestructura, derechos humanos, protección civil, comunicación institucional y atención a las comunidades localizadas alrededor de las sedes. Es decir: el Mundial también es una política pública en movimiento.

Los compromisos que México asumió ante la FIFA

México no llegó al Mundial 2026 únicamente por su tradición futbolera. Para ser sede, el país asumió compromisos formales ante la FIFA a través de garantías gubernamentales. De acuerdo con la información revisada, estas garantías incluyeron temas como visas, permisos migratorios, seguridad, posibles ajustes laborales, exenciones fiscales, protección de derechos comerciales, tecnología, manejo de datos y responsabilidades legales.

Lo anterior es clave para entender la dimensión pública del evento, porque la Copa del Mundo, si bien se organiza desde una federación deportiva o desde una empresa privada, requiere la participación activa del Estado. Los gobiernos deben agilizar las condiciones para que el evento tenga lugar: desde la llegada de visitantes y delegaciones, hasta la seguridad en los estadios, la operación del transporte y la protección del espacio público.

Por eso, el Mundial abre preguntas importantes que no debemos dejar al aire, a pesar de lo emocionante que resulte el futbol. Estas son algunas: ¿quién paga los costos de organización?, ¿qué beneficios quedan para las ciudades?, ¿cómo se protege a las comunidades locales?, ¿qué pasa con el comercio informal?, ¿cómo se garantiza que la seguridad no termine en abusos?, ¿cómo se evita que el evento excluya a quienes habitan los barrios donde se jugará? Ahí es donde entra la política pública.

Derechos humanos: la nueva cancha del Mundial

A diferencia de procesos anteriores, el Mundial 2026 fue acompañado por una exigencia más amplia en materia de derechos humanos. La propia FIFA señaló que sus nuevos requisitos de derechos humanos fueron implementados por primera vez para un evento mayor durante el proceso de candidatura de 2026, con apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esto significa que la evaluación de una sede ya no depende únicamente de su capacidad hotelera, sus estadios o su conectividad. También se consideran temas como derechos laborales, inclusión, no discriminación, sostenibilidad, libertad de expresión, participación de actores locales y mitigación de riesgos sociales.

La Ciudad de México ya ha comenzado a colocar este tema en la conversación pública. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lanzó la campaña “Tu cancha de Derechos”, con el propósito de vivir el Mundial desde la inclusión, la dignidad y la construcción de paz. La Comisión también señaló que el evento puede ser una plataforma para acercar los derechos humanos a la población y que su presencia será preventiva y territorial.

Esto es importante porque los megaeventos pueden generar beneficios, pero también tensiones. Pueden impulsar turismo, empleo y visibilidad internacional, pero también presionar el espacio urbano, elevar costos, desplazar actividades económicas locales o reforzar desigualdades si no se gestionan adecuadamente.

Santa Úrsula: cuando el Mundial toca la puerta de casa

El caso de Santa Úrsula ayuda a ponerle rostro a esta discusión.

Santa Úrsula Coapa, barrio ubicado junto al Estadio Azteca, ha vivido de cerca la historia mundialista de México. Sus habitantes han visto pasar partidos, remodelaciones, operativos, visitantes, comercio y promesas de desarrollo. Pero rumbo a 2026, varias personas vecinas han expresado inconformidades por las obras alrededor del estadio: ruido, polvo, falta de agua, trabajos apresurados y preocupación por posibles restricciones al comercio local durante los días de partido.

El reclamo no es menor. Para muchas familias, los partidos en el Estadio Azteca no son únicamente espectáculo: también son una fuente de ingreso. Restaurantes, fondas, puestos, estacionamientos improvisados y pequeños comercios forman parte de una economía barrial que se activa cada vez que hay eventos masivos.

Por eso, una de las consignas más significativas de las personas vecinas ha sido: “Queremos trabajar”. Según el reportaje consultado, la comunidad no solo pide mejoras urbanas; también busca participar en los beneficios económicos que traerá el Mundial.

Ahí está el corazón del tema: una ciudad no puede prepararse para el mundo olvidando a quienes viven en ella.

Santa Úrsula muestra que la pregunta no es si el Mundial traerá obras, visitantes o derrama económica. La pregunta es para quién serán esos beneficios y bajo qué condiciones llegarán.

El reto: que la fiesta también sea pública

Desde una mirada de gobierno, el Mundial 2026 puede entenderse como una prueba de coordinación institucional.

Las autoridades deberán garantizar seguridad sin criminalizar la vida comunitaria; ordenar el comercio sin excluir a quienes han trabajado durante décadas alrededor del estadio; mejorar la movilidad sin afectar de manera desproporcionada a las colonias cercanas; atraer turismo sin convertir el espacio público en una zona inaccesible para la población local.

También deberán comunicar con claridad. En eventos de esta magnitud, la incertidumbre genera malestar: ¿qué calles estarán cerradas?, ¿qué negocios podrán operar?, ¿qué apoyos habrá para comerciantes?, ¿qué obras serán permanentes?, ¿cómo se atenderán quejas?, ¿qué derechos tendrán vecinos, turistas, trabajadores y vendedores?

La respuesta no puede ser nada más operativa. Tiene que ser pública, transparente y participativa.

Más allá del futbol

México tiene ante sí una oportunidad enorme. El Mundial 2026 puede proyectar al país, atraer visitantes, fortalecer la economía local y mejorar infraestructura urbana, pero para que ese legado sea real, debe construirse desde ahora con una pregunta básica de política pública:

¿Cómo lograr que un evento global produzca beneficios locales?

La respuesta está en escuchar a las comunidades, anticipar riesgos, proteger derechos, coordinar instituciones y diseñar acciones que no terminen el día que se apagan las luces del estadio.

Esto es relevante porque el Mundial pasará; los partidos durarán 90 minutos, los visitantes se irán, las cámaras cambiarán de sede; sin embargo, lugares como Santa Úrsula, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey seguirán ahí. Y esa debería ser la verdadera cancha del gobierno: lograr que la fiesta también le pertenezca a quienes viven todos los días en la ciudad.